Los principales grupos criminales de Colombia vinculados con la producción y el tráfico de cocaína le propusieron este jueves al entrante Gobierno del Presidente electo, Gustavo Petro, un cese al fuego como preámbulo de un diálogo que conduzca a la reconciliación y a la paz del país.
Las bandas criminales que lanzaron la propuesta tienen presencia en varias regiones del país y son acusadas por el actual Gobierno de Iván Duque de asesinar líderes sociales y atacar efectivos de las Fuerzas Armadas como parte de su estrategia para controlar los cultivos de hoja de coca, laboratorios de producción de cocaína y rutas del narcotráfico.
“No podemos ser indiferentes al clamor del pueblo colombiano y al pensamiento de su Presidente electo democráticamente, para entre muchas cosas lograr la tan anhelada paz con justicia social”, aseguraron los seis grupos armados ilegales, entre los que se destacan el Clan del Golfo, los Caparros y los Rastrojos.
“En virtud a esto proponemos a ustedes, y al pueblo colombiano, ser parte activa de este proyecto. Estamos dispuesto a dialogar y reconciliarnos con el objetivo de parar la violencia cíclica que algunos de nosotros controlamos”, aseguraron.
Petro, un economista de 62 años que el próximo 7 de agosto asumirá como el primer Presidente de izquierda en Colombia, propuso en campaña un proceso de sometimiento para las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico.
El político también planteó un diálogo de paz con la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional, incluyendo la posibilidad de un cese bilateral del fuego, así como aplicar un acuerdo de paz firmado en 2016 a las disidencias de las FARC que lo rechazaron y regresaron a la lucha armada.
Se dicen criminales dispuestos a un desarme
El designado Canciller del Gobierno entrante, Álvaro Leyva, dijo a periodistas que la paz con los grupos armados ilegales es uno de los propósitos del Presidente electo para lograr “la paz total”.
“Estamos dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto, a desarmarnos en el momento indicado, a pedir perdón, a aportar verdad total e integral, a reparar y sobre todo a no repetir actos criminales”, aseguraron los grupos armados ilegales que suman unos 2 mil combatientes armados, de acuerdo con fuentes de seguridad.
Petro, quien busca la aprobación en el Congreso de ambiciosas propuestas económicas y sociales para combatir la pobreza y la desigualdad, admitió en la campaña que durante su Gobierno también buscará silenciar los fusiles y consolidar la paz en el país de 50 millones de habitantes agobiado por casi seis décadas de un conflicto armado interno.
La confrontación dejó 450 mil muertos sólo entre 1985 y 2018, unos 120 mil desaparecidos, 51 mil secuestrados, más de 7.7 millones de desplazados y 16 mil niños reclutados por parte de grupos armados ilegales, según la Comisión de la Verdad.
Los grupos armados ilegales pidieron garantías iguales a las obtenidas por otras organizaciones al margen de la ley que han participado en el conflicto y luego se han reincorporado a la vida civil mediante acuerdos de paz, además de suspender la extradición de personas comprometidas con la verdad, el perdón, la justicia, la reparación a las víctimas y no la repetición.
Entre 2003 y 2006, en el primer Gobierno del entonces Presidente Álvaro Uribe, hubo una negociación que llevó al sometimiento de más de 30 mil integrantes de los escuadrones paramilitares de derecha, pero después de entregar las armas muchos regresaron a actividades ilegales como el narcotráfico.
