CIUDAD DE MÉXICO.-En un hecho inusual, la Fiscalía General de la República (FGR) no impugnó un amparo que ganó Pío López Obrador y por esa omisión la Fiscalía Electoral tiene encima un plazo que vence el próximo martes para resolver si judicializa o no la investigación de los videos en los que el denunciado recibe dinero en efectivo.
El 26 de mayo pasado, el juez federal Julio Veredín Sena Velázquez otorgó un amparo al hermano del Presidente Andrés López Obrador e impuso un plazo de 60 días a la Fiscalía de Delitos Electorales (FEDE) para resolver la indagatoria en su contra.
La FGR, con sus agentes del Ministerio Público Federales adscritos a cada juzgado, tienen por costumbre impugnar mediante el recurso de revisión todas las sentencias de amparo que le son adversas, lo que implica alargar hasta por otro medio año la decisión final del litigio.
Pero en este caso no fue así. El 15 de junio el juez Sena Velázquez publicó un acuerdo para anunciar que el amparo en favor del hermano del Presidente ya había causado ejecutoria, es decir, ya había quedado firme y no podía ser impugnado, porque la FGR no lo recurrió en el plazo legal de 10 días que tenía para hacerlo.
«De la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de 10 días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de 26 de mayo. Consecuentemente (…) se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria», estableció el juzgador.
Este fallo obligó a la FEDE a resolver sin excusa la carpeta de investigación. Los 60 días marcados por el juez vencen el próximo martes.
La dependencia avisó al juez Sena Velázquez que el pasado 30 de junio resolvió la carpeta de investigación contra el hermano del presidente.
No obstante, la Fiscalía, a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti, no le informó al juzgador el sentido de su decisión, es decir, no le dijo si ejerció la acción penal, envió el caso a la reserva, acordó la abstención de investigación o archivó el asunto por falta de evidencias.
Desde hace tres semanas, el juez Sena le ha requerido a la FEDE la copia de ese acuerdo, pero la autoridad ministerial no se lo ha entregado argumentando que aún no es definitivo y se encuentra en revisión en su Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales.
«Aduce además, que remitir copia certificada de la determinación de 30 de junio de 2022, emitida dentro de la indagatoria (…) resultaría ‘infructuoso’ para los fines pretendidos, toda vez que la misma se encuentra, bajo la autorización, modificación o incluso revocación por parte de servidor público en que se delegaron dichas atribuciones», señaló el juez.
El juez ha seguido insistiendo y por ello el pasado 14 de julio, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, envió a Ortiz Pinchetti un oficio para requerirle que cumpla con la sentencia judicial que lo obliga a resolver la indagatoria.
El juez Sena; sin embargo, le dio 24 horas a Gertz para que me entregue copia de ese escrito enviado al titular de la FEDE porque «no se advierte que la autoridad de cuenta haya enviado copia del oficio aludido, ni el acuse correspondiente».
En agosto de 2020 se difundieron dos videos en los que David León Romero, ex Coordinador Nacional de Protección Civil, entrega al hermano del Presidente dinero en efectivo, envuelto en bolsas y sobres.
