CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) dio marcha atrás en su intención de archivar el caso de Pío López Obrador y ayer determinó continuar con la investigación en su contra.
El organismo estimó que han surgido nuevos elementos que debe indagar en el caso de los videos en los que el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue filmado recibiendo dinero en efectivo.
De acuerdo con fuentes ministeriales, los nuevos indicios que deben ser investigados están relacionados con algunas manifestaciones que hizo el propio Pío, aunque no se ofrecieron detalles al respecto.
El pasado 30 de junio, la FEDE emitió un dictamen en el que propuso dictar el no ejercicio de la acción penal por falta de evidencias de delito, y turnó el expediente para su revisión a la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales de la FEDE, para que autorizara, modificara o revocara la propuesta.
Aunque la Fiscalía tenía hasta el próximo martes para resolver la indagatoria, decidió adelantarse al plazo perentorio y ayer el área Jurídica resolvió revocar la propuesta en favor de Pío y continuar con la investigación por posibles delitos electorales.
El antecedente inmediato de esta decisión se remonta al pasado 26 de mayo, cuando Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en Amparo en la Ciudad de México, concedió un amparo a Pío, cuyo efecto fue imponerle un plazo de 60 días a la FEDE para resolver esta indagatoria.
Es decir, en ese plazo debía acordar el ejercicio de la acción penal, la abstención de seguirlo investigando, la reserva o el archivo de la indagatoria por falta de datos de prueba.
En un hecho inusual, la Fiscalía General de la República (FGR) no impugnó este amparo, por lo que al día siguiente de la notificación del fallo empezó a correr el plazo de los 60 días que vencía el próximo martes.
Los agentes del Ministerio Público Federales adscritos en cada juzgado tienen por regla impugnar mediante el recurso de revisión todas las sentencias de amparo que le son adversas, lo que implica alargar hasta por otro medio año la decisión final del litigio.
Pero en este caso no fue así. El 15 de junio el juez Sena Velázquez publicó un acuerdo para anunciar que el amparo en favor del hermano del Presidente ya había causado ejecutoria, es decir, ya no podía ser impugnado, al haber transcurrido los 10 días del plazo legal para hacerlo.
Desde el 30 de junio, el área responsable de la investigación formuló la propuesta de no ejercicio de la acción penal, pero no fue sino hasta el pasado jueves cuando la FEDE le informó al juez Sena Velázquez que esa era la forma en que pretendía determinar el expediente.
La Fiscalía se había rehusado a informarle al juez del sentido en que había propuesto resolver la carpeta de investigación, argumentando que el dictamen aún no estaba autorizado y se encontraba en revisión en su Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales.
Ayer, cuatro días antes del plazo límite para dictar su determinación, la FEDE decidió no aprobar la propuesta de archivar el expediente y, en su lugar, acordó continuar con la investigación por nuevos elementos de delito surgidos en fechas recientes.
