Por Carlos Ornelas
Para muchos académicos la escuela no es una institución aislada. En su seno reproduce las circunstancias imperantes de la sociedad en la que se encuentra, aunque no de manera mecánica. Si bien en la escuela mexicana siempre ha existido cierto grado de violencia, tanto institucional como entre los estudiantes, en fechas recientes se ha desatado, hasta con barbarie.
En mi colaboración en Excélsior del 6 de julio comenté sobre el caso Juanito, un niño otomí de una telesecundaria de Querétaro al que dos de sus compañeros gandallas prendieron fuego, que casi lo mata. Las autoridades trataron de ignorar y protegen a la maestra que, al parecer, también agredía a ese niño.
Ése quizá fue un caso extremo, pero la agresión, el bullying o acoso escolar, es un fenómeno en expansión, igual que la violencia criminal en el país. Y parece que no hay intenciones de frenarlo a escala nacional.
No obstante, hay excepciones que tal vez resulten efectivas para prevenir actos violentos dentro de las escuelas. El Universal (04/07/22) informa que maestros y padres de familia —con el apoyo del personal de la secretaria de Seguridad del Estado de México— renacieron el operativo Escuela Segura.
Los resultados fueron de asombro: “Tijeras, cutters, drogas como mariguana o cocaína, incluso armas de fuego son algunos de los principales hallazgos” de un día de operaciones. Las autoridades advirtieron que, tras el regreso a clases, los índices de violencia y agresividad incrementaron y que padres de familia y directivos escolares solicitaron esas revisiones. El propósito es prevenir conductas antisociales en jóvenes.
El caso Juanito movió a que las Comisiones Unidas de Educación y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados aprobaran por unanimidad una iniciativa para que la Secretaría de Educación Pública emita lineamientos de detección, prevención y atención de acoso escolar.
En la exposición de motivos, los promotores de la iniciativa advirtieron que “persiste un grave problema de acoso escolar que se manifiesta entre los alumnos con casos de humillación, descalificación, burla, ridiculización, negligencia y abandono emocional, afectando así el aprendizaje, crecimiento y pleno desarrollo de las alumnas y los alumnos” (Excélsior, 22/07/22).
Quizá los lineamientos sirvan de algo, acaso restaurar a escala nacional el operativo Mochila Segura, pero eso no resolverá la violencia en el ambiente social; allí la consigna oficial es abrazos, no balazos. Y, si no se soluciona afuera, será difícil que la escuela haga algo significativo y permanente.
Recuerdo que, cuando empezó ese operativo, muchos maestros se quejaban porque se les encargó a ellos hacer labores de policía; además, porque les agregó más carga a su trabajo. Ergo, si esos lineamientos son nada más para la SEP y no para las dependencias de seguridad, será un ejercicio en legislación, pero sin consecuencias. Además, la SEP no se distingue por cumplir mandatos.
