Carlos M. Urzúa
El nombre artístico del popular músico tabasqueño Francisco José Hernández Mandujano (1945-1989) derivó de sus nombres de pila: “Chico” por Francisco y “Che” por José. Lo que en México llamamos el T-MEC tiene, por otro lado, raíces igualmente obvias, pero más relevantes: refieren a la segunda versión de nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el cual entró en vigor en julio de 2020. Nosotros usamos ese acrónimo, T-MEC, aunque también, llevando agua a su propio molino, nuestros vecinos designan ese acuerdo como USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) y los canadienses mejor lo nombran CUSMA (Canada–United States–Mexico Agreement).
A pesar de su extraordinaria importancia económica, los detalles legales de ese acuerdo comercial no han sido debidamente aquilatados por los habitantes de los tres países. Esto cobra actualmente importancia debido a que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el de Canadá acaban de iniciar una controversia legal en contra del gobierno de México, al considerar que nuestras actuales políticas en el sector eléctrico son violatorias del T-MEC.
Bien vale la pena recordar dos de los fundamentos legales más importantes que sustentan el tratado. Primero, de acuerdo con el artículo 133 de nuestra Carta Magna, las leyes que emanen de la Constitución y de todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, como es el caso del T-MEC, tendrán primacía sobre las leyes ordinarias federales o locales. Esta precedencia se aplica, en particular, sobre la recientemente reformada ley de la Industria Eléctrica, tan defendida por el gobierno federal.
Y segundo, al contrario de lo que al parecer piensan algunos funcionarios gubernamentales, el capítulo octavo del T-MEC no establece reservas, tratos preferenciales, en el caso del sector eléctrico, sino solo en el sector de hidrocarburos como el petróleo. Ese muy breve capítulo establece que “México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional”, y nada más.
Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá ya anunciaron que centrarán sus demandas mayormente en la supuesta discriminación que sufren sus empresas del sector eléctrico, por parte de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía, tanto en los permisos para poder operar en México como en el despacho de la electricidad generada por ellas.
Debido a las solicitudes formales que hicieron hace unos días los representantes de esos dos países, las consultas entre las partes tendrán que iniciarse a mediados de agosto para encontrar una solución pacífica a las disputas comerciales.
Suponiendo, como es de esperarse por las declaraciones presidenciales recientes, que no se llega a un acuerdo amistoso, entonces se pondrá en marcha el llamado Mecanismo de Solución de Controversias contemplado en el capítulo 31 del T-MEC. Se conformará así un panel de expertos para dar solución a la disputa a más tardar a mediados del año 2023.
Si tal panel encuentra a México en falta, se tendrán otras seis semanas para satisfacer los cambios que demandan Estados Unidos y Canadá. De no hacerlo así, entonces nuestros socios comerciales podrán imponer, para reparar el daño, aranceles comerciales sobre cualesquiera de nuestras exportaciones hacia ellos. Se estima que las correspondientes pérdidas serían del orden de varias decenas de miles de millones de dólares.
