CIUDAD DE MÉXICO.-Segalmex, Diconsa y Liconsa, responsables de abasto social de productos de la canasta básica a precios subsidiados en comunidades rurales, tuvieron en 2021 una operación plagada de irregularidades por al menos 9 mil 500 millones de pesos, que provocaron que el despacho contable contratado para revisar sus estados financieros, se negara a validarlos.
Segalmex, antes conocida como Conasupo, por ejemplo, no entregó evidencia de la entrega de maíz y frijol por 212 millones de pesos, no tiene pruebas de la recepción de bienes o servicios que generaron pasivos por 269 millones y hay una diferencia de 476 millones entre el valor de granos registrado en el sistema y lo asentado en estados financieros.
Además, tres ex funcionarios, que no fueron identificados por su nombre, se robaron 29.6 millones de pesos que recibieron desde 2019 para «gastos de viaje y gastos a comprobar» y por los cuales ya hay denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), según enlistó el despacho Sallez Sainz-Grant Thornton.
Sobre Diconsa, en un escrito fechado del pasado 22 de marzo, expuso que no tiene pruebas de haber recibido múltiples bienes, servicios y arrendamientos por 447 millones de pesos, además de que, sin aval de la Secretaría de Hacienda gastó 2 mil 104 millones de pesos adicionales al presupuesto que tenía autorizado.
Además, no hallan a la empresa Maison de Chance, la cual les vendió 300 mil litros de gel antibacterial y 2 millones de cubrebocas por 40 millones de pesos, los cuales ahora quieren devolver.
El 19 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador removió al veterano político priista Ignacio Ovalle de la dirección de Segalmex y lo reemplazó con Leonel Cota, ex Gobernador de Baja California Sur.
Por «razones de austeridad», actualmente Segalmex, Liconsa y Diconsa tienen un solo cuerpo directivo.
En Liconsa, el despacho Sallez Sainz-Grant Thornton reportó cuentas por pagar a corto plazo por 776 millones de pesos, pero no hay facturas para soportar su veracidad.
Tampoco hay documentos para cobrar mil 344 millones de pesos a terceros a los que Liconsa vendió mercancía.
Los estados financieros de las paraestatales y órganos descentralizados que generan ingresos propios, tienen que ser dictaminados por auditores externos, y si bien estos con frecuencia hacen observaciones o críticas, es altamente inusual que se nieguen a dictaminarlos.
Por esta vez, por lo que describió como «diversas limitaciones a su trabajo» y «faltas de atención significativas» para la entrega de documentos que involucran más de 9 mil 500 millones de pesos. Sallez Sainz se negó a validar esas cuentas.
