Por Pablo Hiriart
Un presidente va a caer
Las instituciones diseñadas para proteger la democracia y evitar que el poder público transgreda la legalidad que lo limita, cumplen su cometido en Perú
MIAMI, Florida.- Pedro Castillo, presidente de Perú, va a caer por inepto y por constantes violaciones a la ley.
En menos de un año en el cargo ya dio elementos suficientes a las instituciones democráticas e independientes de su país para ponerlo en punto de renuncia.
No se trata de un asunto de popularidad, sino de desprecio a las leyes que, en un país de instituciones, un presidente no puede pasarse por el arco del triunfo.
Pedro Castillo no estaba preparado para ser presidente.
Llegó al cargo porque ganó las elecciones, pero eso no lo convierte en emperador. Está sujeto a leyes y a reglas establecidas para proteger el sistema democrático y la división de poderes.
Va a caer por su desprecio a la legalidad que juró respetar.
En Perú, con todos sus defectos, hay una prensa que es libre. Y existe la Fiscalía de la Nación que es verdaderamente autónoma.
La prensa limeña dio a conocer un caso de tráfico de influencias, que es el escándalo más reciente en el círculo íntimo del mandatario que llegó al poder entre aplausos porque iba a poner fin al régimen de privilegios.
El periodista Diego Salazar lo explicó en la edición sabatina del Washington Post:
“Hace un par de semanas, los peruanos pudimos ver a Yenifer Paredes, cuñada e hija adoptiva del presidente, prometiendo obras públicas en un video grabado en una pequeña localidad de Chota, en Cajamarca, provincia de la que es oriunda la familia presidencial. Paredes no ostenta cargo público y, en el colmo de la desfachatez, portaba un chaleco con el logo de la empresa JJM Espino Construcción & Ingeniería, propiedad de un amigo suyo, que sería el responsable de los trabajos prometidos”.
El caso es que el empresario, amigo de la cuñada del presidente, fue recibido en varias ocasiones en Palacio de Gobierno y obtuvo un contrato de obra pública, por adjudicación directa, es decir, sin concurso.
Ahora el empresario y la cuñada del presidente son investigados por la Fiscalía, lo mismo que dos sobrinos del mandatario, más los que fueron su ministro de Transportes y secretario de la Presidencia. Estos últimos se esfumaron, están prófugos.
En esa batahola el presidente le pidió la renuncia al ministro del Interior (secretario de Gobernación), Mariano González, que llevaba dos semanas en el cargo, y Castillo nombró a otro, que es el sexto en ocupar ese ministerio en menos de 12 meses.
La noche de su despido (el reciente martes 19), Mariano González habló en televisión y no se anduvo por las ramas:
“No tengo ninguna duda del compromiso del señor (presidente) con la corrupción, y no tengo dudas de que esta salida abrupta (es decir, la suya) tiene que ver con el deseo de obstruir la justicia. El señor Castillo está obstruyendo la justicia porque está impidiendo el trabajo de los agentes especializados que buscan a los prófugos”.
Haberlo dicho en televisión permitió que todo Perú se enterara de que aguas turbias corrían por las cañerías del palacio presidencial.
Guste o no, la televisión tiene mayor credibilidad que las redes sociales. Y también los medios impresos que con su nombre dan certeza a la población (sí, unos más que otros).
Por eso los aspirantes a tiranos atacan a medios en concreto y a periodistas que ahí trabajan. Trump contra CNN, The New York Times, The Washington Post y otros.
Volvamos a Perú. El diario El Comercio apuntó en su editorial institucional el fin de semana:
“Con ésta, suman cinco las investigaciones que Castillo enfrenta en el Ministerio Público a poco menos de cumplir un año en el cargo. Tres de ellas, relacionadas con presuntos actos de corrupción, otra más por encubrimiento personal y una última por el vergonzoso caso del plagio detectado en su tesis de maestría”.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sostiene que en dos de esas cinco carpetas el presidente está a la cabeza de una organización delictiva.
En la primera de ellas, explica El Comercio, el “objetivo habría sido favorecer a algunos privados en licitaciones a cargo del Estado (principalmente, en el sector transportes, cuyo extitular Juan Silva se encuentra prófugo desde mediados de junio)”.
Y la segunda, agrega, “para beneficiar a ciertos postulantes en los procesos de ascensos en las Fuerzas Armadas y en la policía (con miras, podemos sospechar, a garantizarse el control de estas instituciones o al menos a colocar en éstas a algunos mandos que se hallen en deuda con el Ejecutivo)”.
Así es que el joven que se presenta con un humilde sombrerito y conquistó la presidencia con el vals de acabar con la corrupción, favorecer a los pobres, dar acceso a la salud a los que menos tienen y todo lo que ya hemos oído en otros países –aunque con distintas melodías–, salió peor que los anteriores.
Va a caer.
Las instituciones diseñadas para proteger la democracia y evitar que el poder público transgreda la legalidad que lo limita, cumplen su cometido. Ejemplar.
