Grupo Marhel, filial de una empresa «fantasma» implicada en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela, recibió 21 contratos por adjudicación directa en Segalmex en 2020, los cuales sumaron más de 67 millones de pesos.
El mismo año en que el SAT declaró a B-Eminent como empresa «fantasma», su filial Marhel recibió de manera directa los 21 contratos de Seguridad Alimentaria de México (Segalmex).
Todas las compras a Marhel fueron realizadas por adjudicación directa entre abril y noviembre de 2020, según se desprende de los procedimientos de asignación y de los contratos, los cuales fueron cotejados por MCCI.
Dos terceras partes del monto asignado corresponde a la compra de 2 mil 400 toneladas de azúcar estándar a granel o envasada, por cerca de 44.8 millones de pesos.
Del monto restante, casi 11.6 millones de pesos fueron por la compra de latas de atún de 140 gramos.
La empresa también recibió contratos por la venta de 269 mil 510 paquetes de 250 gramos de carne de res y de pollo deshebrado, por poco más de 7.5 millones de pesos, así como por 120 toneladas de frijol, por más de 3.2 millones de pesos.
Esta no es la primera vez que Segalmex contrata a empresas señaladas y ligadas a irregularidades.
En julio de 2021, MCCI reveló que Segalmex otorgó entre 2019 y 2020 casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas «fantasma» y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la Sedatu, y cuyo socio y operador de tres de ellas participa en una facturera identificada por el SAT como simuladora de operaciones.
El pasado martes, REFORMA publicó que Segalmex ha tenido un desastre financiero y saqueo de sus funcionarios, y tan sólo en 2021 su operación estuvo plagada de irregularidades por al menos 9 mil 500 millones.
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya investigan esas irregularidades.
El vínculo
En las páginas de internet www.b-eminent.net y www.b-incorporated.com, Marhel aparece como la división de productos del mar de B-Eminent. Además, los sitios de la empresa «fantasma» señalan a Martín Armando Botello Ruvalcaba, quien fue directivo de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), como su director general.
Incluso en las etiquetas de las latas de atún Marhel que se muestran en ambas páginas, aparece también el logo de B-Eminent, empresa que forma parte de una red de compañías mexicanas y extranjeras implicadas en la venta de despensas con productos de baja calidad y a sobreprecio para las llamadas «Cajas CLAP», que el Gobierno venezolano vende a precios subsidiados.
En el esquema de presunta corrupción de las despensas CLAP, que incluía la triangulación de operaciones a través de empresas fantasma internacionales, participó una serie de proveedores entre los que se encuentra B-Eminent, empresa que fue investigada por lavado de dinero por la FGR, y cuyas cuentas fueron congeladas en 2019.
En julio de 2019, Grupo REFORMA publicó que, como parte de la indagatoria, la UIF detectó transferencias por 7 millones 936 mil dólares de una empresa de Tussef Smaill Abou Nassif, pareja de la vicepresidenta de Venezuela, a BEminent Inc. de México.
Desde octubre de ese año, el SAT incluyó a B-Eminent en el listado de empresas con presuntas operaciones inexistentes, y el 29 de junio de 2020 la incluyó en el listado negro definitivo de empresas fantasma, con operaciones simuladas, difundido en el Diario Oficial de la Federación.
Fue creada en septiembre de 2014 en Ensenada, Baja California, y en 2016 Botello Ruvalcaba fue nombrado apoderado de la empresa.
Implicado
Grupo Marhel S.A de C.V fue constituida en enero de 2019 en Mazatlán, Sinaloa, y tiene como accionistas a la esposa y a dos hijas de Botello Ruvalcaba, quien a la vez funge como apoderado de la empresa.
Tanto en su perfil de Linkedin como en uno de los sitios web de B-Eminent Inc., de la que es filial, el ex directivo de Conapesca se ostenta como director general de Marhel.
Mientras que su esposa, quien figura como accionista mayoritaria, es quien aparece como representante de la empresa en las órdenes de compra de los pedidos de Segalmex.
Indaga UIF a financiera desde 2021
El fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) comenzó cuando el ex director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, colocó fondos públicos de la dependencia en la Corporación en Asesoría Financiera (Corafi).
Desde julio de 2021, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigaba a Corafi, una empresa encabezada por el empresario chiapaneco René Dávila de la Vega, por establecer un fideicomiso que contenía cerca de 800 millones de pesos provenientes del presupuesto de Segalmex.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dichos recursos fueron invertidos en la bolsa a través de certificados bursátiles fiduciarios privados.
La Auditoría reveló que el monto invertido ascendía a 950 millones de pesos. De esos 950 millones, 850 correspondían al presupuesto de Liconsa y 100 al presupuesto de Segalmex.
Señaló que estas operaciones fueron ilegales, pues ambas instituciones no tenían control sobre lo invertido, lo que contraviene los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las paraestatales.
En enero de este año Liconsa y Segalmex recuperaron los montos invertidos; sin embargo, aún se desconoce el paradero de los 10 millones de pesos que se generaron de rendimientos.
