La Fiscalía General de la República (FGR) apeló el fallo de una juez federal que eliminó casi todas las pruebas para enjuiciar a dos jóvenes por supuestamente manufacturar drones con explosivos para los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La juez federal Marcela Elizabeth García Cante consideró ilegal una inspección de un agente federal en la casa de seguridad de los presuntos criminales donde fueron descubiertos distintos explosivos, entre ellos C-4, sustancia de uso bélico usada por la organización de «El Marro» y el CJNG para quienes también trabajaban.
Advirtió que la inspección en Cholula, Puebla, fue ilegal por no tener una orden de cateo, y que ella no iba a ser comparsa de «cateos simulados», por lo que anuló 11 de las 13 pruebas que habían sido presentadas, entre ellas todo el arsenal, los narco-drones y los detonantes decomisados durante dos inspecciones.
Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Materia de DelincuenciaOrganizada impugnó la decisión de la juez de control federal, por lo que ahora será un tribunal unitario el que resuelva en definitiva si las evidencias presentadas llegan al juicio.
Autoridades ministeriales comentaron que respetaban la decisión de la juez del Centrode JusticiaPenalFederal con sede en Puebla; sin embargo, manifestaron estar en desacuerdo con el criterio para justificar la anulación de pruebas.
Indicaron que la PolicíaFederalMinisterial actuó conforme a derecho y en ningún momento incurrió en una ilegalidad, como sostuvo la juez federal con relación a la inspección que hizo un agente en el inmueble donde estaban los drones y explosivos que eran vendidos a las organizaciones criminales.
