El juez federal Adrián Novelo ordenó hoy al Gobierno entregarle copia del decreto o documento donde se declaró que el Tren Maya es un proyecto de seguridad nacional, que ha servido para justificar el reinicio de trabajos del Tramo 5 pese a que el propio juez ordenó suspenderlos desde abril pasado.
“En el término de tres días informe a este Juzgado Federal sobre el cumplimiento dado a la suspensión provisional, y exhiba las constancias respectivas que acrediten el citado cumplimiento y también en caso de contar con ello, remita copia certificada del decreto donde se advierta que el proyecto denominado Tren Maya, pertenece a la seguridad nacional”, ordenó el juez.
La orden, dirigida a Fonatur, fue dictada en los amparos 820 y 821 de 2022, dos de los cuatro en los cuales prevalece una suspensión provisional, pues Novelo aún no ha resuelto si concede la suspensión definitiva.
El Gobierno no ha publicado hasta ahora en algún medio de difusión oficial el documento en el que se declaró al Tren Maya como proyecto de seguridad nacional, medida similar a la que se dictó en 2019 para enfrentar amparos que impedían obras del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA).
En ese caso, la declaratoria de seguridad nacional fue presentada al juez Juan Carlos Guzmán Rosas como argumento para revocar las suspensiones contra el AIFA, mientras que con el Tren Maya, las obras simplemente se reanudaron sin permiso previo del juez.
En el amparo 884/2022 ya existe una suspensión definitiva, que el juez ratificó el lunes pasado luego de que el Gobierno le pidió revocarla, por haber sido aprobada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum.
Si bien mantuvo esa suspensión, Novelo le hizo algunos cambios, aclarando que las obras solo pueden iniciar si se cumplen previamente las condiciones que impuso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al aprobar la MIA.
En este amparo, el juez también tiene abierto un incidente por violación a la suspensión definitiva, en el cual celebrará una audiencia la próxima semana.
Si Novelo declara que su orden fue desacatada, turnará el asunto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que integre la carpeta de investigación por el delito previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo.
