Por Samuel Cepeda Tovar
Romper el pacto
Han capturado parte de la agenda pública y protagonizan una historia ya añeja, pero con renovados bríos; se trata de 12 gobernadores que reclaman la injusticia de un pacto que los exprime mucho y les retribuye poco.
En términos generales y para acabar pronto; se trata de recursos… en un principio para atender la contingencia sanitaria, después solo se trata de inequidad financiera ante un gobierno federal que ha manejado la bandera de la austeridad desde que tomó las riendas del país.
Se trata de una historia tan inveterada como el mismo federalismo; desde que tengo uso de razón, la queja ha sido siempre la misma: algunos Estados aportan más que otros y reciben poco de regreso; o en términos más coloquiales, pocos mantienen a muchos y a decir de los inconformes se trata de una injusticia.
Vale la pena preguntarnos si se trata de una historia ya añeja ¿por qué hoy resurge la inconformidad con una amenaza de abandono del pacto si no se reconsideran las exigencias de los insurrectos?
Quiero pensar en términos presupuestarios y no políticos; en criterios técnicos y no en grilla barata; quiero pensar que el gasto de siempre en las entidades ha chocado con la austeridad republicana que tarde o temprano tenía que calar y hondo en las entidades federativas y que se ha exacerbado por la pandemia del COVID 19.
Para septiembre de 2019, la 4T reportaba ahorros por más de 145 mil millones de pesos como resultado de la austeridad, esto como una política para marcar distancia del despilfarro que caracterizó a gobiernos anteriores.
Esto desde luego ha chocado con gobiernos subnacionales que no han implementado estrategias de austeridad y que han continuado con el mismo gasto público en un contexto nacional de recortes.
Solo como dato que vale la pena tener en cuenta: Coahuila, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz destinaron entre 8.5 y 31.6% de sus egresos al pago del servicio de su deuda en el 2018.
Agregando a Chihuahua, estos estados recibieron créditos por 184,342.3 millones de pesos, monto equivalente a 34.4% del saldo de la deuda pública acumulada por todos los estados del país al 13 de enero del 2019; casualmente de los 10 Estados más endeudados del país, casi la mitad son los insurrectos; es decir, se han manejado con un desorden financiero tan evidente que gran parte de sus recursos se comprometen anualmente para el pago de intereses de una deuda que no disminuye, sino todo lo contrario, aumenta.
Por ello no completan, por ello requieren mayores recursos. La amenaza es seria, pero carente de sentido; ¿pueden los insurrectos abandonar el pacto fiscal? De entrada la respuesta es NO, para ello se necesitaría reformar por lo menos dos artículos de nuestra constitución: 40 y 43; el primero que da vida a nuestra república y el segundo que define los territorios que pertenecen a esta república; pero no es imposible, solo se necesita reformar la constitución y para ello hay que primero ganar la batalla por mayoría en un congreso controlado por el partido gobernante; después, 17 Estados por lo menos deben aprobar la reforma y solo son 12 los insurrectos, por lo que se antoja muy difícil salir de este pacto.
Además, se trata de un pacto también fiscal, por lo que el cobro de impuestos como el ISR seguiría siendo de la federación, no de los Estados; y al final verían mermados sus ingresos.
En lo personal apoyo la equidad presupuestal, creo que la federación debe retribuir a los Estados un poco más, pero estos deben ofrecer garantías, como, por ejemplo, comenzar a poner orden en sus finanzas. Hasta el momento, se trata solo de una lucha política, no más.
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