La justicia federal programó para el 4 y 7 de noviembre próximos las audiencias para que la FGR presente de manera oral las acusaciones contra Emilio Lozoya por los Casos Agronitrogenados y Odebrecht, lo que colocará al ex director de Pemex en la antesala del juicio.
De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, la administración del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte fijó las fechas de audiencia, debido a que hasta el momento Pemex y Lozoya no han terminado de concretar el acuerdo reparatorio cuya consecuencia sería la suspensión condicional de ambos procesos.
Las dos audiencias fueron programadas a las 10:00 horas y serán presididas por la juez de control Verónica Gutiérrez Fuentes, quien a partir de junio relevó a Artemio Zúñiga Mendoza, hoy juez de Ejecución de Sanciones en esta capital.
Las fechas de las audiencias son también el plazo límite para que Lozoya logre un arreglo con Pemex y la FGR para salir de la cárcel mediante la reparación del daño y un criterio de oportunidad. Una vez que concluya la etapa intermedia y se dicte el auto de apertura de juicio ya no podrá acceder a la libertad mediante una salida legal alterna.
Lozoya está acusado en el Caso Odebrecht por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, mientras que el proceso de Agronitrogenados se le imputa sólo el lavado. En la primera causa penal también está procesada su madre Gilda Margarita Austin y Solís.
En ambos casos la FGR ya presentó por escrito las acusaciones contra el ex director de Pemex desde enero pasado, pero esta formalidad también debe cumplirla de forma oral ante la juez de la causa en las audiencias intermedias.
En su acusación del Caso Odebrecht, la Fiscalía pidió imponerle un total de 46 años con 6 meses de prisión al ex funcionario, así como una inhabilitación de 14 años para desempeñar cargos públicos, pagar una reparación del daño de 6 millones 385 mil dólares y una multa de 7 mil 950 días, que en su caso equivalen a 87 millones 252 mil 442 pesos.
A su madre, la Fiscalía pidió imponerle 21 años con 3 meses de prisión y el pago de 4 mil 50 días, multa que asciende a 262 mil 278 pesos.
La FGR también pide en este proceso el decomiso de la mansión que compró en Ixtapa, Guerrero, la esposa del ex funcionario, Marielle Helene Eckes, y para la cual Lozoya aportó 1.2 millones de dólares que presumiblemente trianguló desde una cuenta en la que habría recibido los sobornos de la constructora brasileña.
En el Caso Agronitrogenados, la FGR pidió imponerle 15 años de prisión, multa de 5 mil días de salario, una reparación del daño de 3.4 millones de dólares, equivalentes a 70 millones 652 mil pesos y el decomiso de su casa en el Conjunto Residencial La Retama, en Calle Ladera 20, Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
En las audiencias intermedias, además de formalizarse la acusación de forma oral, las partes presentarán sus respectivos datos de prueba y la juez decidirá cuáles de ellas son idóneas para ser tomadas en cuenta en el juicio y cuáles se descartan.
Lozoya ha buscado a toda costa evitar llegar a juicio en sus dos procesos, por ello desde hace meses negocia con Pemex la reparación del daño y con la FGR un criterio de oportunidad, para que sean suspendidos en forma condicional sus procedimientos y salir del Reclusorio Norte.
De acuerdo con documentos judiciales, el Consejo de Administración de Pemex aprobó desde marzo la oferta de reparación del daño de más de 10 millones de dólares de Lozoya, con la que éste conseguiría la suspensión condicional de sus dos proceso.
Pero el 12 de abril, cuando REFORMA hizo público el acuerdo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en su conferencia matutina su desacuerdo con la cantidad, lo que ocasionó que se cancelaran las dos audiencias para suspender los procesos y se frustrara la liberación de Lozoya.
El 3 y 26 de abril pasados estaban programadas las audiencias intermedias en los dos procesos contra Lozoya, pero también fueron pospuestas para dar un margen a la negociación del acusado con las autoridades, a fin de concretar el acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad.
Ahora le quedan sólo dos meses y medio para concretar esos acuerdos o de lo contrario se irá a juicio, con el riesgo de ser sentenciado a una alta penalidad.
