Por Jorge Fernández Menéndez
Seguridad, educación: el declive
El declive de una administración se pone de manifiesto de muchas formas, pero dos de ellas suelen ser evidentes: la negación de la realidad y el círculo cada vez más estrecho de los círculos internos de poder en torno al propio mandatario, cerrando la interlocución sólo a quienes se considera leales, aunque esa lealtad se base en la incompetencia. En el inicio de este último tercio de la administración López Obrador estamos viendo precisamente eso.
Decía Sófocles que “un Estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo termina en el abismo”. Es inconcebible que, luego de una semana de extrema violencia y sin proporcionar una versión seria y verosímil de lo sucedido en Guanajuato, Jalisco, Ciudad Juárez, Tijuana, Tecate y Michoacán, las autoridades salgan con que todo lo que vimos con incendios, muertes, bloqueos y ataques a la población civil fue un montaje.
Es inverosímil hablar de montajes o conspiraciones opositoras cuando lo que evidentemente tenemos es un ataque concertado de grupos criminales con acciones que la prensa internacional ha calificado, incluso, como terroristas. Pero, más grave aún, después de cinco días de ataques continuos y concatenados a varias ciudades del país, no hemos visto una respuesta de las autoridades que sea proporcional al nivel de la provocación. No hay operativos especiales ni jefes de plaza detenidos ni operaciones que vayan más allá de preservar el orden después de la violencia sufrida. Todo ha quedado en la impunidad. Y el gobierno federal argumenta supuestas conspiraciones conservadoras. Incluso, si fuera así, tiene que haber delincuentes que perpetraron los hechos que sufrimos en buena parte del país durante una semana: ¿quiénes son?, ¿dónde están?, ¿qué acciones se han tomado contra ellos por los incendios, saqueos, asesinatos? Para el gobierno, el país está en paz.
Lo que sucede es que se confía más en las supuestas lealtades (que, en política, cuando son perrunas, se convierten rápidamente en traiciones) de ciertos colaboradores que en los juicios críticos. Decía Robert Kennedy que “la maldad de muchos no está en lo que dicen acerca de su causa, sino en lo que dicen sobre sus propias contradicciones”. ¿Cómo confiar en colaboradores cercanísimos que hace muy poco opinaban exactamente lo contrario de lo que defienden ahora?, ¿quién le habla al Presidente con la verdad?
La designación de Leticia Ramírez como secretaria de Educación Pública entra en esa lógica. La nueva titular es una mujer de todas las confianzas del Presidente, está con él desde el año 2000 recibiendo las quejas ciudadanas que le llegaban, primero, al jefe de Gobierno capitalino y, ahora, al Presidente de la República. Fue maestra y hace 12 años dirigente de la Sección 9 del sindicato que controlaba entonces la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Una mujer respetable. Pero hasta allí llegan sus atributos para ser secretaria de Educación Pública, uno de los sectores más castigados del país, sobre todo luego de dos años de pandemia durante los cuales el deterioro de la educación, desde la infraestructura hasta la calidad, ha sido más que notorio.
La educación seguirá en las manos de los personajes que se han apropiado de ella sin generar ni siquiera algunos contenidos serios, los que han hablado de una reforma que ni ellos mismos comprenden. Como Marx Arriaga, el teórico del sector, que considera que “leer por goce es un acto individualista” y califica a la educación actual como “el modelo neoliberal meritocrático conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista… un negocio que absorbe miles de millones de pesos al año con la promesa de calidad, crecimiento sostenido, enciclopedismo, especialización, competencias, todo para generar un modelo meritocrático, elitista, patriarcal y racista, que utiliza la educación como un factor de legitimización de la diferencia, del clasismo y de la supuesta movilidad social”. Tantos adjetivos, tanta palabrería y ni una sola idea original.
En realidad, estos personajes ligados a la CNTE son los principales impulsores de la privatización de la educación. ¿Qué puede ser más privatizador que exigir que las plazas del sector público sean un patrimonio personal?, ¿qué privatiza más la enseñanza que la irresponsabilidad de dirigentes magisteriales que se toman más días para marchar, manifestarse, hacer plantones o bloquear calles que para dar clases?, ¿qué impulsará más a una familia a enviar a sus hijos a una escuela privada que una escuela pública cerrada?, ¿quién quiere que se ignoren contenidos científicos, calificaciones, estudios de idioma? Estos grupos son los verdaderos impulsores de la privatización de la educación. Esos son los más conservadores, los más reaccionarios del escenario político nacional.
El modelo educativo actual garantiza extensión (últimamente ya ni eso), pero no profundidad ni calidad y, sobre todo, ha dejado de ser un factor de movilidad social. El Estado ha dejado de lado su responsabilidad de consolidar cada día la escuela pública y la educación se vuelve así, un factor más que fomenta la pobreza y la desigualdad.
Eso es lo que más ha estancado la movilidad social en México. El que nace pobre y con pocas oportunidades no puede más que seguir estando pobre y sin oportunidades. La única opción para romper ese esquema es una educación pública con calidad. Y esa opción es la que se está perdiendo e impide que crucemos la calle de la desigualdad.
