Por Jesús Medina González
MEJÍA EN CAMPAÑA… MÉXICO EN LLAMAS…
Ahora resulta que se está placeando RICARDO MEJÍA BERDEJA con el argumento de Defensores Sociales.
Ayer en Torreón se reunió con familias y con profesores.
Disfrazando el abandonar el país en los momentos en que México está en llamas.
Definitivamente no se vale el engaño.
Pero…
Pasa lo mismo con los tricolores que con los guindos, verdes, naranja y amarillos.
Así las cosas.
La situación de seguridad en el país no es buena…
No hay resultados en la lucha contra la delicuencia.
LOS DESACIERTOS DE AMLO…
Un experto en el tema, SERGIO ELÍAS GUTIÉRREZ, aborda con la certeza que le da su basto conocimiento, como ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha incurrido en una serie de fallas.
Señala: La semana pasada, parte del País se vio envuelto en hechos violentos que atacaron a las instituciones y a la sociedad entera.
A casi cuatro años de gestión, el Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no ha avanzado mucho en pacificar el País, sino todo lo contrario, las cifras oficiales así lo indican.
Amplias zonas de México están bajo el dominio de la delincuencia organizada, y en muchas carreteras se cometen asaltos a vehículos de carga, lo que lleva al desabasto y carestía de productos básicos.
Esto, no obstante los serios esfuerzos que han hecho el Gobierno federal y los locales en combatir ese flagelo.
Esta crisis, si no se inició, sí se agudizó en el sexenio de Felipe Calderón, lo que provocó varios intentos constitucionales para afrontar el flagelo.
Hagamos un poco de historia de la evolución constitucional y jurídica de cómo el Gobierno ha buscado atacar ese problema.
Hace apenas tres décadas, en la gestión de ERNESTO ZEDILLO (1994-2000), se trepó el Gobierno federal a la atención de la seguridad pública.
Hasta entonces la Federación tenía a su cargo diversas Policías en áreas de jurisdicción federal, puertos, bosques, carreteras federales y zonas arqueológicas, entre otros.
Fuera de esos casos, la seguridad pública estaba a cargo de los Estados y municipios.
Al inicio del sexenio de ZEDILLO y ante el incremento de la violencia y la deficiencia -por no decir inexistencia- de las Policías locales, se propuso una adición a la Constitución en su Artículo 21, que se aprobó en diciembre de 1994: «La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, Estados, Distrito Federal y los Municipios».
En esa misma reforma se crearon el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Policía Federal Preventiva.
En 2006, ya con FELIPE «Haiga Sido como Haiga Sido» CALDERÓN, a pocos días de haber iniciado su gestión declaró la guerra al narcotráfico y decretó que el Ejército saliera a la calle, donde ya andaba, a combatirla.
A propuesta de CALDERÓN, en el 2008 se reformó el Artículo 21, y se mantuvo la participación de los tres órdenes de Gobierno en esta materia. Se decidió que todas las Policías fueran investigadoras y no sólo preventivas. Para esto se creó la Policía Federal, ya no sólo preventiva.
Desde campaña, AMLO declaró que al llegar al poder desaparecería ese cuerpo policial.
Junto con esa promesa, rompió otra: decidió que el Ejército siguiera ocupado de la seguridad pública. Y propuso la creación de una Guardia Nacional, militarizada.
La propuesta de reforma fue rechazada en los términos propuestos, y al final se decidió que la Guardia Nacional fuera de carácter civil.
Sin embargo, los legisladores le hicieron una concesión. En un artículo transitorio se permitió que por cinco años la Guardia Nacional estuviera bajo el mando del Ejército. Ese plazo termina el 23 de marzo de 2024, meses antes de que concluya el sexenio.
Ante eso, la semana pasada, AMLO anunció un decreto para pasar la Guardia Nacional al Ejército. Esto provocó mucha inconformidad, se dice que eso violaba el Artículo 21 que dice que «las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil». Esto, con la excepción del transitorio antes citado.
Pareciera que el Presidente previó esa reacción. En una mañanera declaró que si fuera inconstitucional, eso le corresponde sentenciarlo a la Suprema Corte.
AMLO sabe que para eso se requiere que haya alguna acción para solicitar la nulidad del decreto, lo que es casi seguro.
El problema es que esa controversia puede sumarse a las que tiene la Corte pendientes por resolver desde hace años, en otros asuntos señalados como inconstitucionales.
Con esa declaración mañanera, pareciera que AMLO sabe que su decreto es violatorio de la Constitución, pero los tiempos de la Corte podrían permitirle que siga en vigor ese «pequeño» problema legal, y «que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley».
Habrá que estar en guardia.
