Un tribunal federal negó en última instancia el amparo con el que Guillermo Álvarez Cuevas, ex director de la Cooperativa La Cruz Azul y otros 7 implicados, pretendían que fuera cancelada la orden de aprehensión que les giraron por una presunta administración fraudulenta de 2 mil 257 millones 411 mil pesos.
Entre los quejosos que perdieron el juicio de garantías están Guillermo Robin Álvarez Álvarez y Mario Sánchez Álvarez, hijo y sobrino de «Billy» Álvarez, respectivamente, el segundo de ellos también ex coordinador financiero de la cementera.
El Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, por mayoría de votos, negó la protección de la justicia al ex directivo y el resto de los implicados, por lo que ahora ha quedado firme el mandamiento de captura girado el 24 agosto de 2020 por un juez del fuero común.
Los magistrados Horacio Hernández Orozco, ponente del caso, y Juan José Olvera López coincidieron en que los mandamientos de captura cumplen con las formalidades legales y no violaron las garantías constitucionales de los imputados.
Este es el asunto económicamente más cuantioso que ha sido imputado a la anterior directiva de la empresa.
Según la Fiscalía de la CDMX, sin tener atribuciones legales, el 15 de agosto 2016 los imputados firmaron un contrato de fideicomiso de garantía para arrendarle a Afianzadora CBL Fiducia los bienes, la maquinaria y el equipo de la cementera, que en su conjunto tendrían un valor de más de 2 mil 257 millones de pesos.
El arrendamiento tendría una vigencia de cinco años a partir del 3 de julio de 2017, con una renta mensual de 667 mil 714 pesos, recursos que en el papel se destinarían para incrementar el fondo de pensiones y jubilaciones de la cooperativa.
«No es la simple celebración del fideicomiso, sino es haberlo celebrado sin contar con facultades y que en la celebración de ese fideicomiso se comprometió el patrimonio de la cooperativa ofendida. Esto es, que conforme a la imputación ministerial, existen datos de prueba de que los bienes fideicomitidos pasaron a la fiduciaria, lo que implica que la cooperativa no podía disponer libremente de ellos, por lo cual es claro que existe, al menos en grado de probabilidad, un perjuicio, pues al menos no existen datos de prueba que revelen que la celebración de estos contratos de fideicomiso traería un beneficio para la cooperativa», señaló el magistrado Hernández Orozco durante su ponencia.
Con esta resolución, el colegiado confirmó la negativa dictada en noviembre pasado en primera instancia por el Juzgado Décimo de Distrito en Amparo de esta capital.
El colegiado también ratificó la negativa de amparo para Raúl Antonio Enríquez López; Jorge Fernández Rodríguez; Ángel Jiménez García; Noé Calvo Morales y Apolinar Ortiz Hernández, a quienes identifican como colaboradores de Álvarez Cuevas. Todos ellos eran miembros del comité técnico del fideicomiso referido.
El único prófugo de la justicia al que no le resolvieron su amparo es Armando García Lugo, debido a que en este caso el colegiado primero debe resolver un incidente o recurso en el que se alega la falsedad de una firma en este juicio de garantías.
La orden de aprehensión, que ahora ha quedado vigente y ya no puede ser combatida legalmente, deriva de una denuncia presentada el 2 de junio de 2019 por un grupo de cooperativistas contrarios a la directiva que encabezaba Álvarez Cuevas.
Por este asunto, también se ordenó la aprehensión de Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado externo de la cooperativa, quien desde hace tiempo perdió el amparo contra este mandamiento judicial
No obstante, el año pasado el juez de control, por solicitud de la Fiscalía de la CDMX, canceló esta orden de captura contra Junquera, luego de que el abogado negociara pagar una reparación del daño de entre 600 y 800 millones de pesos
Guillermo Álvarez Cuevas y Junquera tienen otra orden de aprehensión federal, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos en «factureras», mandamiento judicial que les busca ejecutar la Fiscalía General de la República.
