Por Vianey Esquinca
Los querían vivos
Los padres los querían vivos, el gobierno les entregó la cabeza del exprocurador de Justicia, Jesús Murillo Karam.
Durante casi 8 años, los padres de familia de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos han pedido justicia, saber qué pasó con sus hijos, tener a los culpables en la cárcel. Sin embargo, hoy tienen dos versiones de lo que sucedió entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto la verdad histórica señaló, en resumidas cuentas, que los jóvenes fueron privados de la vida por policías municipales, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos, quienes arrojaron sus restos en el Río de San Juan. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, la versión es que una vez secuestrados, fueron separados y asesinados en diferentes lugares.
Además de desconocer la verdad histórica el informe que dio a conocer el subsecretario Alejandro Encinas oficializó lo que desde que eran oposición sostuvieron: que la desaparición de los 43 fue crimen de Estado cometido por la delincuencia organizada, junto con autoridades locales y federales. Ninguna sorpresa, lo raro hubiera sido que dijera lo contrario.
La versión que los padres decidan adoptar y les de paz es la correcta, al menos para ellos. Lo que parece que tardará todavía es la tan anhelada justicia, porque desde ese septiembre de 2014, el manejo que se ha dado a la tragedia ha sido político. Los distintos gobiernos y la oposición han mentido, dicho verdades a medias, ocultado información y sido cómplices. Hoy, el turno de ser el carnicero es del gobierno de López Obrador.
Un juez, a petición de la FGR, liberó 83 órdenes de aprehensión contra autoridades estatales y federales, en las cuales se incluyen a 20 mandos militares y personal de tropa acusados de no haber intervenido, aun teniendo información, en la matanza de los jóvenes. En esas órdenes sólo hay 14 órdenes para miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Eso significa o que ya tienen a todos los responsables de esta banda en la cárcel –lo cual evidentemente no es así– o que lo que quieren es demostrar que siempre tuvieron la razón, al involucrar a militares y las instituciones gubernamentales en la desaparición de los jóvenes.
La primera aprehensión fue la más escandalosa y efectista: la de Murillo Karam. Aunque no puedan sostener los delitos por los que lo acusan o no lo puedan retener en la cárcel por la edad, el golpe ya está dado. Además, ya han demostrado que pueden privar de la libertad a alguien, aun sin juicio, a quienes les resultan incómodos, como lo hicieron por tres años con Rosario Robles.
Así como detuvieron a la máxima cabeza de procuración de justicia, ¿van a irse en contra del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos? Difícilmente, porque una cosa es sacrificar a unos cuantos chivos expiatorios, y otra, muy distinta, irse contra la cúpula militar. Por eso no sorprendió que el Presidente exculpara al Ejército un día después del informe de Encinas: “Yo creo que debe tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables”.
En el 2014, la tragedia fue utilizada por López Obrador y sus aliados políticamente para golpear al gobierno de Peña Nieto. Ese hecho fue el inicio del fin del priista y un golpe del que nunca se pudo levantar. En el 2022, el morenista lo vuelve hacer: más espectáculo, más conversación, notas y cobertura y una muy buena manera de distraer la atención de la violencia, la inflación y la corrupción.
