El Gobierno federal advirtió que el propósito de la Corte de cancelar la prisiónpreventiva oficiosa abre la puerta a la corrupción.
Especialistas en Derecho refutaron los argumentos de la 4T y calificaron de «falso y extremista», el planteamiento gubernamental.
De acuerdo con la SecretaríadeGobernación y la ConsejeríaJurídicadePresidencia, dejar el encarcelamiento a discreción de los jueces, como lo propone el proyecto de la Corte, podría terminar por corromperlos o convertirlos en víctimas de la violencia. Los expone a la ley de «plata o plomo», arguyeron.
«Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura», señaló la Presidencia.
Adriana Greaves, abogada de la asociación civil Tojil, cuestionó la postura del Gobiernofederal y defendió que no se estaría eliminando totalmente la prisión preventiva, sino sólo la oficiosa (obligatoria).
«Eso es tergiversar, porque en realidad se va a obligar a que las fiscalías hagan un trabajo de allegarse de pruebas suficientes para demostrar ante un juez que el acusado representa un riesgo ya sea para la víctima, para la sociedad, para el proceso en sí mismo, o que se puede dar a la fuga», dijo la subcoordinadora de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
Actualmente, uno de los criterios para fundamentar la prisión preventiva justificada es alegar que el detenido puede fugarse del País porque tiene dinero y contactos, lo que propicia también el encarcelamiento de los que tienen recursos.
Especialistas opinaron que la Corte no debe dejar de lado considerar como criterio si el sujeto es peligroso para la sociedad si lleva su proceso en libertad, porque podría cometer más delitos y se pone en riesgo la continuación del proceso mediante la fuga.
Por ejemplo, la existencia de brazaletes electrónicos puede ser determinante para inhibir intentos de escape.
Ayer por la mañana, el Presidente AndrésManuelLópezObrador se manifestó en contra de la iniciativa de la Corte que busca eliminar la obligatoriedad para dictar prisión preventiva oficiosa, con el argumento de que esa figura viola los derechos humanos.
Martín Carlos Sánchez, presidente de la RedImpulsandolaJusticiaAC, sostuvo que el Gobierno está pensando más en un efecto publicitario que en un sistema de justicia más efectivo.
«Se ha querido personificar la corrupción en los jueces y es más que probado que la corrupción se da mucho más a nivel de MP», explicó.
