Los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa reconocieron a medias la última verdad que les dio el Gobierno mexicano sobre el paradero de sus hijos: la participación del Ejército y corporaciones policiacas, la detención del ex Procurador Jesús Murillo Karam y la conclusión de que fue un «crimen de Estado», descartaron el hecho de que todos sus hijos estén muertos.
«Si nos dan prueba objetiva, científica e indubitable, nos iremos a casa a llorarles y vivir nuestro duelo. A la fecha, estas pruebas no las tenemos, por lo tanto, nuestra exigencia y luchas siguen», afirmaron en un pronunciamiento leído en medio de la lluvia en el Hemiciclo a Juárez.
A siete años y once meses de la masacre en Iguala, Guerrero, que se cumplen esta noche, familiares y activistas marcharon desde El Ángel de la Independencia hasta la Alameda, una buena parte del recorrido se realizó en medio del aguacero.
«Es como si el tiempo se hubiese detenido esta noche lluviosa y oscura del 26 de septiembre», dijo la señora Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 desaparecidos.
Hicieron una parada en el antimonumento ciudadano a sus hijos en el cruce de Reforma y Bucareli, cuando más arreciaba el agua y finalmente llegaron al Hemiciclo, donde respondieron al informe de la comisión presidencial para el caso Ayotzinapa, presentado la semana pasada, un documento que concluyó que no existe evidencia de vida de ninguno de los 43 estudiantes.
«El paradero y el destino de nuestros hijos no está esclarecido», concluyeron por su parte los familiares.
«Existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada. Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad dónde están y qué pasó con ellos», añadieron en la carta que leyó Hilda Legideño.
En cambio, reconocieron la conclusión de lo que ellos habían denunciado desde el inicio: que fue un crimen de Estado, debido a la participación de elementos de instituciones como el Ejército y la policía municipal de Iguala y de otros municipios.
Los padres y madres celebraron también la detención de Murillo Karam, quien en 2015, como titular de la entonces PGR, declaró el caso cerrado debido a la conclusión de entonces de que los estudiantes habían sido asesinados al ser confundidos con enemigos del grupo delictivo Guerreros Unidos y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula y luego dispersados en el río San Juan. Además de que habría ordenado la alteración de las pruebas.
«Murillo Karam condujo una investigación turbia, irregular, plagada de tortura, de manipulación y siembra de pruebas. De haberse explorado otras líneas de investigación a escasos días de la desaparición, el éxito de saber su paradero pudo haber sido más objetivo», lamentaron.
«Cuando uno va al Ministerio Público a denunciar no te aceptan la denuncia si no llevas todas las pruebas, ¿por qué vamos a aceptar del Gobierno una conclusión sin pruebas?», planteó al final del mitin, en medio de una llovizna, el señor Emiliano Navarrete, sosteniendo un retrato de su hijo José Ángel Navarrete.
Es posible, dijo, que no hayan buscado bien a pesar de las más de 100 acciones de búsqueda y más de 600 días del informe de la comisión especial, presidida por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
¿Y si nunca hay pruebas?, se le planteó. «Pues nunca vamos a descansar», dijo, y agregó una de sus consignas de la lucha: «Si no hay paz para el pueblo que no hay paz para el Gobierno».
