Por medio de sus abogados el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, presentó una denuncia ante la FGR contra el Juez de Distrito, Iván Aarón Zeferino Hernández, quien liberó la orden de aprehensión ilegal en su contra y que recientemente anuló la SCJN.
Asimismo, en la queja solicita que se inicié una carpeta de investigación en contra del juzgador, del Agente del Ministerio Público, David Ernesto Torres Trujillo y de Elizabeth Alcántar Cruz, también Agente del Ministerio Público de la Federación.
En la denuncia, el Mandatario panista pidió se ejercite acción penal en contra de dicho Juez de Distrito.
Lo anterior, precisó, por haber emitido la orden de aprehensión que detonó la solicitud de desafuero, aprobado por la Cámara de Diputados, el 30 de abril del 2021 y rechazado minutos después por el Congreso de Tamaulipas.
El miércoles de la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada que García Cabeza de Vaca enfrentaba desde el 18 de mayo del 2021.
La Primera Sala de la Corte invalidó por unanimidad la orden, librada por el juez federal Iván Zeferino Hernández dentro de la causa penal 139/2021, además de la solicitud que presentó a dicho juzgador la Fiscalía General de la República (FGR).
Derivado de esto, a través del despacho de abogados bufete Ruiz Durán, el Gobernador del Estado, solicitó sea investigada la actuación del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.
La demanda de hechos fue presentada ante la Oficina del Fiscal General de la República, el pasado viernes.
De acuerdo con los abogados, el Juez y los Agentes del Ministerio Público podrían haber incurrido en delitos contra la administración de justicia al haber iniciado un proceso en contra de un funcionario público que gozaba de inmunidad procesal.
Al resolver la controversia el pasado 17 de agosto, la Corte determinó que el Congreso de Tamaulipas es la última instancia para determinar la procedencia del desafuero de funcionarios públicos locales como el caso de Gobernador.
