Creado hoy por decreto presidencial, IMSS-Bienestar asumirá buena parte de las funciones que el Congreso asignó hace menos de tres años al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sin que hubiera una reforma legal de por medio.
El 29 de noviembre de 2019 fue publicada la reforma a la Ley General de Salud (LGS), aún vigente, que creó al Insabi como órgano descentralizado que «tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social».
El IMSS-Bienestar, en tanto, también es órgano descentralizado que «tiene por objeto brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados».
A estas alturas, el Insabi tiene asignadas 15 mil 65 plazas, incluidos cientos de médicos, enfermeras y otros especialistas, sin que el decreto publicado hoy aclare si pasaran al IMSS-Bienestar.
Además, el Insabi tiene 103 mil millones de pesos en el presupuesto federal de 2022, de los que 60 mil 242 millones son subsidios para dar atención y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social.
El decreto del IMSS-Bienestar no ordena que le sean transferidos estos recursos desde el Insabi, pero la Secretaría de Hacienda podría autorizarlo posteriormente.
La idea de la reforma de 2019 a la LGS era que el Insabi asumiría el control de los servicios estatales de salud, previo convenio con los Gobiernos locales.
«En el caso de las entidades federativas que acuerden con el Insabi que éste se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios a que se refiere este Título, los recursos que les correspondan de los mencionados en el artículo 77 bis 15 de esta Ley serán ejercidos por el citado Instituto», dice la ley en alusión a los fondos federales para atención médica gratuita.
«El IMSS-Bienestar brindará los servicios de salud a las personas a que se refiere el párrafo primero, en aquellas entidades federativas con las que celebre convenios de coordinación para la transferencia de dichos servicios», ordena el decreto publicado hoy por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Donde sí hay una diferencia entre ambos órganos es en el origen de su dinero.
López Obrador determinó que el IMSS-Bienestar podrá recibir fondos del Presupuesto de Egresos federal, dinero que le quieran asignar los Gobiernos estatales, y recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que este año tiene 117 mil 537 millones de pesos que se reparten entre las entidades.
Además, el Ejecutivo autorizó crear un fideicomiso para que el IMSS-Bienestar vaya generando y administrando un patrimonio propio.
El Insabi, en cambio, sigue controlando el Fondo de Salud para el Bienestar, que heredó del desaparecido Seguro Popular, y que es un fideicomiso que al cierre de junio contaba con 37 mil 838 millones de pesos.
Este fondo se tiene que usar para infraestructura, abasto de insumos, atención a enfermedades catastróficas y acceso de personas de escasos recursos a exámenes clínicos.
El Insabi no pudo lograr todos los objetivos que le fijó la LGS, y ahora se dedica a hacer compras consolidadas de medicamentos y material de curación, así como transferencias de recursos a los estados.
La LGS le da al Insabi hasta noviembre de 2022 para presentar al Congreso un informe sobre la cobertura de la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos.
