CIUDAD DE MÉXICO.- La prisión preventiva oficiosa debe mantenerse como medida de “protección” para víctimas, testigos y como garantía de que los presuntos culpables de un delito no sigan cometiendo ilícitos y no se den a la fuga, aseguró Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de seguridad pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Sostuvo que la regulación constitucional no es un asunto de pobres o ricos, sino de la tipología del delito que una persona haya cometido; el tema, dijo, es evitar injusticias, posibilitar que la gente acusada tenga acceso a una defensa y cuidar la parte procesal.
Para subrayar su plena sintonía con la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador —de que se mantenga la prisión preventiva oficiosa—, tema que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute, como un punto de posible inconstitucionalidad para algunos delitos señalados en el artículo 19 de la Constitución, Mejía Berdeja dijo que:
Si una persona es homicida, feminicida, secuestrador, huachicolero, si maneja recursos de procedencia ilícita y fue vinculado por un delito de estas características, tiene que estar en prisión durante el proceso para que no represente un riego para la sociedad y para las víctimas.
Se pronunció para que se mantenga la regulación constitucional, que existe en la Carta Magna de 1917 y que ha tenido una evolución en la historia de más de un siglo, hasta la más reciente, de 2019, cuando el legislador agregó 11 delitos más al catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de: “La coyuntura de violencia, impunidad e inseguridad que afecta a las personas en todo el territorio nacional desde hace más de una década, y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal”.
—¿Cuál es su posición sobre la prisión oficiosa que está en debate nacional?
—Totalmente a favor de que se mantenga el actual régimen constitucional que mantiene como un caso de necesidad para atender temas de seguridad pública.
El subsecretario Mejía Berdeja puso un ejemplo la detención de un criminal narcotraficante de alta escuela que implica toda la organización delictiva, “no le va a decir ‘señor, váyase a su casa y vaya a firmar cada quince días’; es absurdo pensar eso; esta persona va a tratar de sustraerse inmediatamente de la justicia”.
Pero hay personas pobres que también están en eso, que no les dicen váyase a su casa, que sí las dejan en prisión.
—Bueno, aquí lo que se atiende, creo que hay un falso discurso de algunos que están a favor de que se elimine, aquí el tema es qué tipo de delito es, aquí es si es homicida, si es feminicida, si es secuestrador, si es huachicolero, si manejan recursos de procedencia ilícita, ese es el tema, la condición socioeconómica es distinta, aquí el tema es el delito; claro, evidentemente hay que evitar que se comentan injusticias, hay que evitar que la gente no tenga accesos a una defensa, creo que ahí, en todo caso habría que buscar cuidar la parte procesal.
El funcionario federal se refirió a la frustración que siente una persona víctima de una violación, o que sufrió un secuestro, que ve a quien cometió el ilícito en libertad; “pues eso causa una gran frustración y un gran peligro de carácter social”.
Afirmó que “el discurso de quienes están a favor (de eliminar la prisión preventiva), de que esto afecta a las personas pobres, esa parte habría que verla, eso tiene que hacerse siempre, haya o no haya prisión preventiva. También lo que el presidente ha dicho, que no haya gente que pasa mucho tiempo sin ser sentenciada, pero ese es harina de otro costal.
Si a una gente se le vincula a proceso por ser presunto responsable de un delito grave, tiene que estar en prisión mientras lleva el proceso, porque en sentido contrario, estar en libertad durante el proceso, puede permitir que se evada o que atente contra la víctima o los testigos o siga cometiendo delitos.
Y esto es un tema que nos reviste la mayor importancia, porque imagínate tu, insisto, que se detiene a un delincuente de esta naturaleza y tu le dices váyase a su casa”.
¿Entonces en su opinión del discurso de la política de abrazos no balazos no choca con el mantener a la gente en prisión preventiva?
—Desde luego que no, hay que insistir, abrazos no balazos es una aspiración social para que tengamos una sociedad más fraterna y además la política social del gobierno tiende a mejorar las condiciones estructurales que genera precisamente la pobreza que gente pueda delinquir; al tener beneficios sociales, sobre todo los jóvenes que puedas seguir estudiando, o jóvenes construyendo el futuro, para que puedan tener un oficio, tengan un ingreso en su etapa inicial productiva o que haya programas para mejorar las plazas públicas, el deporte esto ayuda evitar condutas antisociales, y ahí nos vamos cuando hablamos de abrazos y no balazos, pero como ha dicho la secretaria Rosa Icela Rodríguez, abrazos no balazos no significa cruzarse de brazos, al contrario, cada día en el país, se detienen entre mil 200 y mil 300 personas que cometieron un ilícito penal y se ponen a disposición del Ministerio Público, se está actuando todos los días para combatir la impunidad y mejor la seguridad pública.
Sin embargo, hemos sido testigos de distintas escenas como de película, camiones incendiados, carreteras bloqueadas.
—Si, claro, y todos están presos, o sea, los de Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez, Tijuana y Ensenada, por esos hechos había hasta hace unos días 42 detenidos y procesados, incluso varios de ellos en penales de alta seguridad; por los hechos de Zacatecas, que son respuesta a un cateo que se hizo, por esos hechos del cateo, en donde se detuvieron a 5, hay detenidos 11 sujetos más que participaron.
¿Bajo qué cargos?
—Tentativa de homicidio, daños a propiedad, varios cargos, delincuencia organizada.
¿No por terrorismo?
—Fundamentalmente por estos delitos que comento; pero ahí el punto es que comenten este tipo de conductas que generan una gran visibilidad y una afectación, y que generar incluso una sensación de terror social, de pánico social, de psicosis social o miedo; en horas son detenidas esas personas.
De acuerdo con Mejía Berdeja, la violencia que se ha visto en las últimas semanas en distintas partes del país “responde en muchas ocasiones a tratar de obstruir los operativos policiales, cuando saben que van a ser perseguidos.
Fíjate de la gran paradoja, cuando se cometieron estos eventos en días en Jalisco, Guanajuato, Juárez y Baja California, ese fin de semana fue unos de los fines de semana donde hubo menos homicidios en el país, fue el tercer fin de semana con menos homicidios en el país, pero si tu atiendes a lo que pasó en los medios pareciera que fue más violento de lo que fueron otros fines de semana.”
¿Entonces podríamos decir que son puros fuegos de artificio lo que están haciendo?
—En gran medida son acciones para generar pánico social, obstruir operaciones de las fuerzas de seguridad y por otro lado hacer propaganda, es decir ‘aquí seguimos’; ‘si te podemos hacer daño’; ese es un poco el mensaje, por bueno, por eso para nosotros es muy importante, que la gente de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas, Baja California, sepa que por estos hechos hay más de 50 detenidos.
Se entendería que, si los delincuentes se anticipan a los operativos policiales, es que hay una filtración o que tienen contrainteligencia, ¿es así?
—Ellos tienen una red de halcones, que son informantes de la delincuencia, que desafortunadamente están en algunos puntos y que son los que les alertan de ciertas operaciones, por ejemplo, cuando va un convoy del Ejército, de la Guardia Nacional, o hay un despliegue, estos sujetos alertan, son parte de la estructura que ellos manejan, la otra es que es evidente que cuando empiezan a ver cateos o detenciones, estos sujetos prenden alertas y empiezan a desplegar este tipo de eventos; pero, por ejemplo, que el que estuvo atrás de los hechos de Tijuana ya está detenido junto con sus lugartenientes; aquí es importante que se sepa, que la sociedad sepa que hay una respuesta eficaz y contundente del Estado, nosotros no pudiéramos, por ejemplo, pensar en que calle a calle y en cada lugar del país, en ese momento ver que alguien se le ocurre prenderle fuego a un vehículo, pero inmediatamente que se tiene conocimiento del hecho hay una respuesta del Estado.