En un modesto hotel a pocos kilómetros del océano, la mayoría de las habitaciones han sido ocupadas este verano por familias de países africanos que buscan asilo: 192 adultos y 119 niños en total.
Estas familias se encuentran entre los más de un millón de migrantes indocumentados a los que el Gobierno federal de Estados Unidos ha permitido entrar al país temporalmente después de cruzar la frontera durante el mandato del Presidente Joe Biden.
A diferencia de los cientos de miles que ingresaron al país sin ser detectados desde que Biden llegó a la Casa Blanca, muchos de este millón esperan conseguir asilo, una remota posibilidad, y tendrán que esperar un promedio de siete años antes de que se tome una decisión sobre su caso debido a que el sistema de inmigración está saturado.
Este hotel en el sur de Portland, Maine, además de un refugio familiar, se encuentra entre un puñado de lugares en la región que ofrecen alojamiento temporal para cientos de nuevos inmigrantes. Maine es un estado inusual porque permite que los solicitantes de asilo reciban apoyo financiero para el alquiler y otros gastos, en parte a través de su programa de Asistencia General. Pero incluso aquí el desafío ha sido complejo: en mayo, los funcionarios de Portland anunciaron que la ciudad ya no podía garantizar refugio para los solicitantes de asilo recién llegados porque las viviendas de emergencia estaban llenas.
«La comunidad está creciendo tanto porque corre la voz de que estamos ayudando», dijo Mike Guthrie, director del albergue familiar de Portland. «Entonces viene más gente».
En Estados Unidos, el enfoque en la inmigración, uno de los temas más polémicos en el país, casi siempre está en el creciente número de personas que buscan cruzar la frontera suroeste. Y recientemente se ha prestado menos atención a lo que sucede con quienes son liberados de la custodia del Gobierno para esperar audiencias de los tribunales de inmigración y que terminan dispersos por todo el país. Algunos desaparecen en las sombras, nunca se presentan a sus audiencias en la Corte o a las citas que les requiere el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Otros luchan por cumplir con los requisitos de presentación de informes en un sistema cada vez más sobrecargado y desorganizado.
Su presencia es tanto un desafío humanitario como un tema polémico en la política para un país dividido que durante décadas no ha logrado ponerse de acuerdo sobre quién debe ser admitido y por qué motivos. El Gobierno federal tarda alrededor de un año en conceder permisos de trabajo a los solicitantes de asilo y, mientras tanto, no hay fondos designados para ayudarlos, como los hay para los refugiados. Pero a medida que aumenta el debate con poco progreso hacia nuevas leyes, estos inmigrantes se están integrando en comunidades estadounidenses grandes y pequeñas, enviando a sus hijos a escuelas públicas y eventualmente pagando impuestos y contribuyendo a la economía.
El millón de personas a las que se les ha permitido ingresar desde que Biden asumió el cargo, una cifra que proviene de datos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y documentos judiciales, provienen de más de 150 países de todo el mundo. Con pocas vías para ingresar legalmente a Estados Unidos, cruzar la frontera ilegalmente suele ser la única opción para quienes huyen del crimen y la pobreza.
Bajo una regla de salud pública impulsada por la pandemia, el llamado Título 42, los inmigrantes han sido rechazados en la frontera de Estados Unidos 1.7 millones de veces desde que Biden llegó al poder, una cifra que incluye a muchas personas que han intentado cruzar varias veces. No obstante, Estados Unidos ha permitido que otros se queden temporalmente por una variedad de razones, incluyendo porque México o sus propios países no los aceptarán de regreso. Casi 300 mil de las personas a las que se les ha permitido ingresar, incluidos muchos padres de familia, han sido equipados con dispositivos de rastreo para que ICE pueda controlar su paradero mientras esperan sus citas en la corte.
«Si bien el sistema de inmigración está gravemente descompuesto, el DHS lo administra de manera responsable, segura y humana, y garantiza que haya vías legales disponibles para quienes realmente las necesitan», dijo el portavoz del DHS, Luis Miranda, en un comunicado.
En tanto, los republicanos se han unido en torno al mensaje de que la Administración de Biden tiene la culpa de la cantidad récord de personas que cruzan la frontera, aunque durante un periodo de dos años de la Administración Trump también se permitió entrar temporalmente al país a más de un millón de personas de manera similar, de acuerdo con datos analizados por el Instituto de Política Migratoria. El Partido Republicano ve a los migrantes que se entregan a los agentes de la Patrulla Fronteriza como una carga para la sociedad, que le cuesta al Gobierno millones de dólares para detenerlos y procesarlos.
Sin embargo, no son sólo los conservadores los que están molestos por la situación. Durante mucho tiempo ha habido consenso entre los partidos de que el Congreso necesita actualizar las leyes de inmigración de la nación para enfrentar el desafío actual.
Los detractores de Biden dicen que la campaña de bienvenida a los migrantes del demócrata equivalió a una invitación a que cruzaran ilegalmente. La Administración Biden, empero, ha advertido repetidamente a los migrantes que no hagan el peligroso y costoso viaje a la frontera.
Sin asistencia federal una vez que son liberados, corresponde a las comunidades locales y los estados ayudar a los nuevos inmigrantes a llegar a su lugar de destino y evitar que vivan en las calles. Y últimamente, ese desafío ha crecido.
Para tratar de llamar la atención de la Administración Biden, el Gobernador de Texas Greg Abbott y el Gobernador de Arizona Doug Ducey, ambos republicanos, han enviado en los últimos meses a miles de inmigrantes recién llegados en autobuses a Washington, D.C.Abbott también envió autobuses a la ciudad de Nueva York, donde las autoridades dicen que el sistema de albergue ahora alberga temporalmente a 5 mil 700 solicitantes de asilo. Ambas ciudades no estaban preparadas para atender a tanta gente, y los funcionarios y voluntarios se han estado esforzando para ayudar a albergarlos y llevarlos a los destinos deseados. Abbott recientemente también comenzó a transportar inmigrantes a Chicago.
Por otro lado, muchas empresas han apoyado la idea, promovida por los demócratas, de encaminar a millones de inmigrantes que ya viven ilegalmente en el país hacia la residencia legal y la participación en la fuerza laboral.
Actualmente, los migrantes que son admitidos en espera de los procedimientos de deportación pueden solicitar un permiso para trabajar 150 días después de presentar una solicitud de asilo, una demora que muchas empresas, particularmente durante la escasez de mano de obra, encuentran frustrante. La mayoría de los migrantes que aún no tienen un patrocinador en el país tienen que depender de cualquier asistencia pública disponible.
Actualmente, los casos de asilo tardan entre cinco y siete años en resolverse. Si se niega una solicitud, hay oportunidades para apelar, lo que agrega más años al tiempo de estancia de un migrante en el país.
Maria Zombo, una solicitante de asilo angoleña y madre de seis hijos que vive en las afueras de Portland, abrió recientemente una tienda de comida africana en el centro de Biddeford. Llegó al país con una visa de turista hace ocho años y aún no ha recibido una respuesta inicial a su solicitud de asilo.
Empezó un negocio, compró una casa y tuvo un hijo.
Su experiencia no es atípica, dijo Conchita Cruz, codirectora ejecutiva de Asylum Seeker Advocacy Project, una organización sin fines de lucro.
«La gente está pasando toda su vida aquí antes de obtener una respuesta», dijo Cruz.
