Karla Cortez
SABINAS, COAHUILA.- La Oficina de Policía Internacional Interpol giró una ficha roja contra tres de los propietarios de la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, para que sean buscados en más de 190 países por el delito de explotación ilícita de un bien nacional.
Los empresarios que ahora son buscados a nivel internacional son Cristian Solís Arriaga, Luis Rafael García-Luna Acuña y a Arnulfo Garza Cárdenas, contra quienes un juez de control federal de Coahuila libró una orden de aprehensión por el ilícito antes mencionado.
La Fiscalía General de la República informó que, además de haberse girado la notificación roja contra los empresarios, aseguró el predio en el que se ubica la mina, así como las oficinas de la empresa, sus documentos y equipos de cómputo.
«Se programó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial en contra de las referidas personas, quienes no se presentaron en la audiencia de mérito. Por tal motivo se obtuvieron por parte de esta Fiscalía de la Federación, tres órdenes de aprehensión en contra de los antes señalados», dijo la FGR al informar los avances del caso.
«Inmediatamente se solicitó ficha roja a la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales de Interpol, misma que ya fue emitida por lo que hace a los imputados y además se cuenta con una alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración».
Desde el pasado 3 de agosto, 10 mineros quedaron atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, sin que a la fecha hayan sido rescatados.
La FGR explicó que la orden de aprehensión fue solicitada al juez porque lo tres imputados no se presentaron voluntariamente a una audiencia de imputación, pese a que los dueños de la mina fueron citados para la diligencia.
Solís Arriaga es el único de los prófugos de la justicia que ha empezado a litigar contra el mandamiento de captura, pues presentó un amparo en el Juzgado Tercero de Distrito en Coahuila y le concedieron una suspensión contra la captura, ya que el delito imputado no prevé la prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, el juez le impuso el pago de una garantía de 500 mil pesos para mantener vigente dicha protección judicial y hasta el momento el imputado no ha depositado esa garantía.
«La FGR continúa con las investigaciones para dar cumplimiento a los mandamientos judiciales, así como para la determinación de otras conductas delictivas imputables a los ya señalados y a quien más resulte responsable», señaló la dependencia.
La FGR inició la investigación del caso por el delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que castiga con 2 a 12 años de prisión a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente una concesión, permiso o autorización de la autoridad competente.
En su indagatoria, la Fiscalía recabó 25 entrevistas de víctimas directas e indirectas y testigos, incluidos trabajadores del pozo y lo dueño hoy prófugos.
También, la FGR elaboró 8 dictámenes periciales, incluidos los de criminalística de campo en el lugar de la mina; de fotografía forense, arquitectura, ingeniería y topografía; medicina forense, contabilidad, identificación de minerales, y de documentación.
Se ordenó también a la Policía Federal Ministerial (PFM) identificar a las víctimas y a los propietarios del predio que ocupa la mina o pozo carbonífero, entre otros datos.
La FGR dijo que también obtuvo 32 informes de dependencias como las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Economía; del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Comisión Federal de Electricidad; y de Protección Civil Nacional, Estatal y Municipal de Sabinas; y de la Secretaría de Economía de Coahuila.
Al IMSS le requirieron información respecto de la empresa y los trabajadores registrados.
Adicionalmente, la Fiscalía cateó las oficinas de la Compañía Minera El Pinabete S.A. de C.V., y aseguró dicho inmueble, documentación y equipos de cómputo, así como el predio conocido como Las Conchitas Norte, en la comunidad Las Agujitas, municipio de Sabinas, propiedad de la empresa y lugar donde se encuentra la mina.
Todas estas pruebas fueron la que presentó la FGR para obtener la orden de aprehensión contra los 3 accionistas de la minera.
