La diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio, presentó una iniciativa que busca restringir la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide e interprete preceptos constitucionales.
La propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria modifica el artículo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, referente a las controversias y acciones de inconstitucionalidad que podrá conocer la SCJN.
«La Suprema Corte de Justicia de la Nación estará impedida para invalidar normas constitucionales o para realizar interpretaciones que restrinjan su validez, así como invalidar leyes con motivo de lo anterior», señala la iniciativa.
En la exposición de motivos, la morenista reconoció que la iniciativa trata de limitar el poder político de la SCJN ante la posibilidad de que caiga en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le reste validez o eficacia.
«¿Puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar un precepto constitucional? La respuesta categórica es que no, si se asintiera manifestando que sí puede, entonces, en forma ilegítima, quien tendría la supremacía sería la Corte y no el texto constitucional que se define por el pueblo», plantea.
De acuerdo con la iniciativa, la Constitución prevé de manera expresa mecanismos para ser modificada a través del Congreso y con el voto de dos terceras partes de sus integrantes.
Plantea que una reforma constitucional realizada por el Congreso implica la supresión o invalidez de algunos de sus preceptos, de ahí que darle facultades a la Suprema Corte en ese sentido sería un acto de «rebelión franca«.
«Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida un precepto constitucional incurriría en rebelión franca y flagrante al texto constitucional, arrogándose, por la vía de la interpretación, facultades que no tiene expresamente conferidas, precisamente por ello el principio de ‘autoridad legalmente competente’ que consiste en la existencia de que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley expresamente le confiere», señala.
La iniciativa advierte que darle al Máximo Tribunal la facultad de inaplicar o invalidar un precepto constitucional sería darle la facultad de cambiar la Constitución a las once personas que la integran, cuando debe ser un proceso que implique discusión parlamentaria.
«La Constitución Política es un ejercicio político que reconoce derechos humanos, pero también establece límites al poder política y a los propios derechos que en ella se consignan, permitir que la Suprema Corte de Justicia desborde tales límites sería abrir la puerta para que un solo poder (Judicial) esté por encima del Congreso y del Ejecutivo federal y, más peligroso aún por encima del pueblo», sostiene.
