El Gobierno de Estados Unidos está presionando discretamente a México para que reciba a más inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela sujetos a una orden de expulsión por Covid-19 que la Casa Blanca ha estado tratando de remover públicamente, dijeron tres funcionarios mexicanos y siete estadounidenses.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación por el número creciente de cruces de migrantes de los tres países durante una visita el lunes a Ciudad de México, dijeron a Reuters dos funcionarios estadounidenses y dos mexicanos. Pero el Gobierno de México no prometió una acción específica.
Un funcionario estadounidense dijo que tratar de convencer a México para que acoja a los inmigrantes es «una batalla cuesta arriba». Todas las fuentes solicitaron el anonimato debido a que se discutieron asuntos gubernamentales internos.
México ya acepta el regreso desde Estados Unidos de migrantes originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. En lo que va de año fiscal, unas 299 mil personas de esas tres naciones han sido expulsadas de territorio estadounidense, frente a unos 9 mil retornados desde Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Las presiones de Estados Unidos a México sobre estos tres países en particular ilustran la profunda preocupación del Gobierno demócrata del Presidente Joe Biden sobre los cruces fronterizos.
A la mayoría de los migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela que pasan a Estados Unidos se les permite quedarse en el país para presentar solicitudes de asilo, ya que son difíciles de deportar debido a las apagadas relaciones diplomáticas con sus gobiernos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México se negó a emitir comentarios, en tanto que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron a las consultas de Reuters.
Agentes fronterizos de Estados Unidos han registrado un récord de 1.8 millones de arrestos de inmigrantes en lo que va del año fiscal 2022, y muchos intentaron cruzar varias veces, lo que genera desafíos humanitarios y responsabilidades políticas para Biden antes de las elecciones de mitad de período del 8 de noviembre.
De esos arrestos en la frontera suroeste, casi una cuarta parte de los migrantes procedían de Cuba, Nicaragua y Venezuela, frente al 8 por ciento en 2021 y al 3 por ciento en 2020. A la mayoría se les permitió ingresar a Estados Unidos para seguir adelante procedimientos de migración.
El Gobierno de Biden ha buscado públicamente poner fin a la orden de salud por el Covid, conocida como Título 42. Emitida a inicios de 2020 durante la Administración del ex Presidente republicano Donald Trump, la norma permite a las autoridades fronterizas expulsar rápidamente a indocumentados hacia México u otros países sin la posibilidad de buscar asilo de Washington.
Un juez federal designado por Trump en Luisiana impidió que la Administración cerrara la orden a principios de este año, incluso cuando los funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron que ya no era necesaria como una forma de protección contra el Covid.
Pero a puertas cerradas, algunos funcionarios estadounidenses creen que este tipo de expulsiones podría servir como una forma de disuadir a los que cruzan, dijo una de las fuentes, incluso aunque se contradice la posición más amable del Partido Demócrata hacia los inmigrantes.
Activistas y muchos demócratas se oponen ferozmente al Título 42, diciendo que ha expuesto a los migrantes a condiciones peligrosas en México.
«Creo que esto realmente traiciona sus compromisos con la protección de los refugiados», dijo Robyn Barnard, directora adjunta de defensa de los refugiados de la organización Human Rights First, con sede en Nueva York.
México no quiere recibir a migrantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba
Dos funcionarios mexicanos dijeron a Reuters que la nación no quiere recibir cubanos, nicaragüenses y venezolanos expulsados de Estados Unidos porque esos países también se resisten a aceptar vuelos de deportación desde México.
En cambio, México apunta a elevar los vuelos internos de migrantes desde su frontera norte a su límite sur para aliviar las presiones en el área transfronteriza, dijo uno de los funcionarios.
A México le gustaría que Washington relaje las sanciones económicas contra Venezuela para ayudar a frenar el éxodo del país sudamericano y facilitar que los migrantes trabajen legalmente en Estados Unidos, dijeron dos funcionarios mexicanos.
Mientras tanto, agentes fronterizos de Estados Unidos en El Paso, Texas, dicen que se han visto obligados a liberar a cientos de migrantes detectados cerca de refugios y estaciones de autobuses de la ciudad para reducir el hacinamiento en sus instalaciones.
Muchos de los venezolanos que llegan no tienen familiares ni grupos de apoyo, lo que ejerce más presión sobre las agencias gubernamentales y de asistencia, dijo Mario D’Agostino, autoridad municipal de El Paso.
EU intenta presionar a otros Gobiernos
El Gobierno de Estados Unidos también está explorando formas de llevar la responsabilidad a otras naciones más allá de México, dijeron las fuentes.
Por ejemplo, la Casa Blanca quiere que Panamá acepte a los venezolanos deportados si pasaron por la nación centroamericana de camino a Estados Unidos, dijeron dos de los funcionarios estadounidenses.
Cerca de 70 mil venezolanos ingresaron a Panamá desde su frontera con Colombia este año hasta agosto, en comparación con mil 150 en el mismo período del año pasado, según datos oficiales.
Funcionarios del Gobierno panameño no respondieron a una solicitud de comentarios.
En otro asunto, la Administración Biden estuvo enviando un pequeño número de venezolanos a la República Dominicana en vuelos comerciales, dijeron dos de los funcionarios estadounidenses, una práctica que data del Gobierno de Trump.
Sin embargo, el programa se detuvo después de un rechazo a principios de este año de la oficina del senador Robert Menéndez, un demócrata de Nueva Jersey, según uno de los funcionarios estadounidenses y otra fuente cercana al asunto. En febrero, Menéndez calificó la deportación de migrantes que huyen del «cruel régimen» de Venezuela como «extremadamente perturbadora».
