Por Raymundo Riva Palacio
Cruje Ayotzinapa
Encinas abrió una línea de confrontación con los militares, que tienen sus propias pruebas de descargo y deslinde de responsabilidad de la desaparición de los normalistas
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y responsable principal de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, tuvo un miércoles agridulce. Logró que cuatro militares a quienes acusa de haber participado en asesinato y desaparición de normalistas de Ayotzinapa se encuentren detenidos, pero no logró lo mismo para otros 16 soldados a quienes también había imputado, al tiempo de que al que identificó como autor intelectual del crimen, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, un juez federal lo absolvió por falta de pruebas. Los claroscuros son tan grandes que arrojan serias dudas sobre la solidez del informe preliminar donde planteó las acusaciones.
Encinas identificó a Abarca la persona que dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2013, que presuntamente habían ido a Iguala a sabotear un evento político de su esposa. Según el subsecretario, el ex alcalde había actuado en colusión con la banda criminal de Guerreros Unidos y con otras autoridades en diversos órdenes de gobierno. Seis de los que sobrevivieron, dijo en otro momento, fueron asesinados por órdenes del entonces coronel José Rodríguez, comandante del 27 Batallón de Infantería, ubicado en esa ciudad.
El subsecretario imputó a 20 militares y quería que la Fiscalía General solicitara las órdenes de aprehensión. Sin embargo, los fiscales no encontraron suficiente evidencia para pedirle a un juez las órdenes para 16 de esos militares, y sólo encontraros base para cuatro, el capitán José Martínez Crespo, acusado por delincuencia organizada, no por desaparicion forzada; el sargento Eduardo Mora; el subteniente Fabián Alejandro Pirita, y el hoy general brigadier Rodríguez. Ninguno de ellos fue detenido; los cuatro se entregaron en el Campo Militar Numero 1.
El general brigadier Rodríguez señaló al momento de entregarse, que Encinas estaba mintiendo y negó responsabilidad en la desaparición. El subsecretario, que no ha mostrado las pruebas para acusarlo del crimen de seis normalistas, tampoco ha presentado la evidencia que murieron días después de la desaparición de la mayoría de los jóvenes. Hasta ahora, sólo ha expuesto como prueba que sus teléfonos celulares seguían activos después de la noche del 26 de septiembre, lo cual es sumanente endeble, pues un teléfono activo de una víctima no significa mecánicamente que esté viva.
En todo caso, Encinas abrió una línea de confrontación con los militares, que tienen sus propias pruebas de descargo y deslinde de responsabilidad de la desaparición de los normalistas, pero que está en sintonía con el deseo que ha mantenido antes incluso de ser gobierno, de acusarlos del crimen de los normalistas.
Esta ha sido la obsesión del subsecretario, que para ello reclutó al jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, a quien la Procuraduría General del gobierno de Enrique Peña Nieto, identificó como una pieza central en la desaparición de los normalistas, y de haber sido quien informó al entonces jefe de la banda, Sidronio Casarrubias, que los normalistas, a quienes identificó como miembros del grupo criminal rival, Los Rojos, se estaban enfrentando esa noche con la policía de Iguala.
Casarrubias y López Astudillo fueron liberados en septiembre de 2019 por un juez del Primer Tribunal Colegiado en Reynosa, Tamaulipas, junto con dos decenas de Guerreros Unidos, tras dar como válidos sus argumentos de que las acusaciones donde se habían declarado culpables de la desaparición de los normalistas, habían sido obtenidas bajo torturas. La Fiscalía General, en ese momento ya bajo la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, no presentó pruebas adicionales para evitar su liberación.
López Astudillo, que fue identificado por diversos testigos como uno de los tres líderes de Guerreros Unidos que jugaron un papel fundamental en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se ha convertido en el testigo estrella de Encinas. Identificado como “Juan”, las declaraciones de López Astudillo al equipo del subsecretario, cuya unidad que investiga el caso la encabeza Omar Gómez Trejo, han inculpado a las corporaciones locales, federales y el Ejército en el crimen, y señalado que un grupo de estudiantes fue llevado la noche del 26 de septiembre al 27 Batallón de Infantería, donde los interrogaron y horas después los entregaron a Guerreros Unidos.
“Juan”, o “Romeo”, como aparece en las grabaciones de la DEA de esa noche, realizadas como parte de una larga investigación sobre Guerreros Unidos, vive actualmente en una casa pagada por la Fiscalía General, que le proporcionó un vehículo y escoltas, a cambio de estar disponible para que aporte su versión de lo que sucedió en Iguala. También ha ido persuadiendo a otros criminales de la misma banda, que hagan lo mismo. Gómez Trejo y Encinas han encontrado en él la puerta de entrada para dirigir sus acusaciones contra los militares del 27 Batallón de Infantería.
López Astudillo, según la Procuraduría General en el gobierno de Peña Nieto, era el enlace directo de Guerreros Unidos con el ex alcalde Abarca. Esta aseveración no fue cuestionada en el informe preliminar que dio a conocer Encinas en agosto, y cuya reacción ante la absolución del ex alcalde por la desaparición de los normalistas, choca con el trato que le ha dado a El Gil. El argumento de Abarca para ser liberado por ese crimen es exactamente el mismo que emplearon López Astudillo y los Guerreros Unidos liberados en 2019: las acusaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura.
Ni a Encinas ni al gobierno les gustó el fallo sobre Abarca, que figura de manera predominante en el informe de la Comisión de la Verdad como el autor intelectual del crimen, mientras que su cómplice, López Astudillo, que de acuerdo con las investigaciones previas debería estar en la misma categoría del ex alcalde, es el testigo estrella del subsecretario porque ha sido por la vía para poder concretar su anhelo político: meter a la cárcel a militares. Ahora, el problema para la Fiscalía General será probar su culpabilidad sobre la base de lo entregado por Encinas.
