El Pleno del Senado de la República discute la reforma constitucional que amplía la presencia militar en seguridad pública hasta el 2028.
Durante la discusión, el senador de Morena Ricardo Monreal subió a tribuna y propuso dar más tiempo a la discusión de la reforma y regresarla a comisiones. Afirmó que está a favor de seguir discutiendo la reforma.
«Podemos dar más tiempo, no estoy por las prisas, no me ganan los tiempos», dijo.
«Yo les planteo que las comisiones dictaminadoras regresen el dictamen y digamos la discusión pública para bien del País».
En respuesta, el panista Damián Zepeda rechazó que se posponga y el debate dijo que «hoy muere el intento de militarizar el País».
«Nosotros no mordemos anzuelos», indicó el panista.
«No traen los votos, no traen los votos», corearon los opositores.
Previamente, al emitir votos particulares, Claudia Ruiz Massieu del PRI acusó que el dictamen no busca atender el problema de la inseguridad o evitar que las Fuerzas Armadas dejen de ser maltratadas por los criminales. Dijo que lo que busca el dictamen es tratar de cumplir una consigna, profundizar la militarización.
«Este dictamen se trata de cumplir un capricho, para demostrar que se puede intentar doblar a la oposición en perjudicó de las instituciones democráticas, poniendo en riesgo los derechos humanos de la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas».
Llamó a los senadores a ser libres y a votar en contra la minuta.
Kenia López del PAN afirmó que el origen de la reforma que hoy se discute es la extorsión, porque es resultado de la amenaza a los opositores.
«Si hoy se atreven a amenazar, imagínense lo que harán militarizando a México», soltó.
Horas antes de que sea votada la minuta, comenzó a circular un documento con un sexto transitorio que allanaría la posibilidad que sea respaldada por el PRI y, consecuentemente, haya los votos suficientes para su aprobación.
«Se trata de un acuerdo político que daría la salida a los priistas», explicó una fuente parlamentaria.
Con el nuevo transitorio, el Congreso de la Unión sería informado de los avances que se registren en la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, así como de la participación de la Defensa Nacional, Marina y Secretaría de Seguridad Pública.
Con el sexto transitorio, se aportaría base jurídica a los informes que sean remitidos al Congreso de la Unión durante el periodo de vigencia del quinto transitorio.
«Durante el mismo periodo, la Comisión Bicamaral convocará semestralmente a comparecer a los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y a las de Defensa Nacional y de Marina, a efecto de llevar a cabo la evaluación de los avances en la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional», se lee en la propuesta.
«Los informes referidos en el párrafo anterior deberán contener indicadores objetivos; para efecto de la determinación de los indicadores y el análisis, la Comisión Bicamaral convocará a un grupo de alto nivel integrado por organizaciones civiles y académicos especialistas en materia de seguridad, pudiendo convocar a expertos en materia local».
La Comisión Bicamaral publicará dichos informes con las conclusiones que resultaren de su análisis, y los remitirá a las legislaturas de las entidades federativas para los efectos señalados en el párrafo siguiente:
Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales, a la Comisión Bicamaral y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral, en un horizonte de diez años, del programa señalado en el Artículo Transitorio Séptimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.
El procedimiento de evaluación a que hace referencia el párrafo tercero que se adiciona deberá implementarse por primera vez en el 2022 y servirán para garantizar el presupuesto a que se refiere el Artículo Séptimo Transitorio en materia de fortalecimiento de estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos estatales y municipales.
Ayer, el senador yucateco Raúl Paz dejó las filas del PAN y pasó a Morena, donde fue recibido con fanfarrias como comisionado para vincular empresarios con el partido oficial. Hoy hace su debut para votar en favor de la reforma constitucional que su ex partido rechaza. Versiones aseguran que Morena le ofreció la candidatura al Gobierno de Yucatán en 2024.
En tanto, en el PRI varios senadores se rebelaron a su coordinador Miguel Ángel Osorio, quien solicitaba un voto unánime en contra de la iniciativa de su propio partido.
El grupo del PRI de 13 senadores votará dividido y varios apoyarían la presencia castrense en seguridad pública por seis años más. Entre ellos estarían la coahuilense Verónica Martínez, el guerrerense Manuel Añorve, el sinaloense Mario Zamora, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, el mexiquense Eruviel Ávila y el jerarca obrero Carlos Aceves. La sonorense Sylvana Beltrones había expresado en comisiones un voto de abstención tomando distancia de su coordinador. Anoche, sólo cuatro votos priistas estaban firmes de votar en contra.
Legisladores de varios partidos propondrán una iniciativa complementaria que empodere al Senado en la vigilancia de las operaciones de seguridad y que altos mandos castrenses rindan cuentas al Legislativo. De aceptarse esa propuesta allanaría varios votos en favor de la reforma.
