Por Raymundo Riva Palacio
Del crimen de Estado a la crisis del Estado
El choque abierto y brutal entre tres dependencias del gobierno federal por el caso Ayotzinapa tiene al presidente como rehén de un conflicto que él mismo alimenta
Sin duda alguna, el presidente Andrés Manuel López Obrador vive el momento más crítico de su sexenio. El choque abierto y brutal entre tres dependencias del gobierno federal por el caso Ayotzinapa tiene al Presidente como rehén de un conflicto que él mismo alimenta por sus mensajes contradictorios hacia el interior del gabinete y su desprecio por la ley. El lunes hizo mofa del Estado de derecho, retomando la socarrona frase del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien acusó a jueces de alegar el debido proceso cuando en realidad defienden el “debido pretexto”. Ayer dijo que más importante que la ley es la justicia. La pregunta es qué entiende por justicia.
La indefinición tiene roto a su gabinete. Conforme pasan los días, más grande es la brecha entre sus integrantes, y más profunda la división. En el centro explícito del conflicto está el Ejército. En el centro implícito del choque quedó la relación del Ejército con su comandante en jefe, el presidente López Obrador. La molestia en las Fuerzas Armadas, que incluye a la Marina, luego de que el equipo de Encinas intentó procesar al almirante secretario, Rafael Ojeda, va creciendo, en medio de la esquizofrenia presidencial y su forma anárquica de entender la ley. Bajo su criterio, los cuatro militares detenidos y bajo proceso por delincuencia organizada y desaparición forzada, son culpables, sin necesidad de juicio.
López Obrador dio el visto bueno a Encinas para proceder con el Ejército, pero todo indica que no lo habló con el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, y con las pruebas concretas de su culpabilidad demostrar lo imposible que sería para el Ejército tomar su lado. No habría sido la primera vez que un presidente hablara con el secretario de la Defensa y explicara las razones de la decisión de Estado, como lo define López Obrador, pero es la primera vez que un presidente autoriza detenciones y luego se arrepiente.
Hace cinco semanas se vanagloriaba de una investigación sobre lo que llama Encinas “crimen de Estado”. Hoy hay una crisis de Estado, sumamente difícil de superar, porque el manejo político del caso Ayotzinapa agudizó las contradicciones. Las Fuerzas Armadas, que viven su mejor momento en poder y expansión a áreas civiles en la historia, por las debilidades que demostró López Obrador al modificar su deseo de desaparecerlas y convertirlas en el pilar sobre el que sostiene su gobierno, atraviesan por el peor periodo después de la matanza de Tlatelolco en 1968.
El contexto de la militarización de la seguridad pública propuesta por el Presidente, ante su incapacidad para encontrar una fórmula civil para enfrentar la violencia, ha provocado un fuerte desgaste político para el Ejército. La reapertura de las investigaciones sobre la guerra sucia, impulsada por el ala dura de su gobierno, que también quiere poner a las Fuerzas Armadas en el paredón por Ayotzinapa, y la violencia inédita en el Campo Militar Número 1, la semana pasada, a propósito de una inspección en la instalación por el tema de la guerra sucia, exacerbó el enojo militar.
El Presidente ha dado señales de entender el problema en el que se metió, pero él mismo se dejó sin espacios de maniobra. La polarización está tan fuerte al interior del gabinete, que hacia donde se incline generará resistencia y molestia. López Obrador tiene el mando, pero perdió el consenso interno. Encinas, a quien apoya, está en colisión creciente con el general Sandoval, a quien también apoya. ¿Cómo conciliar? Al mismo tiempo, Encinas está enfrentado con el fiscal Alejandro Gertz Manero, y lo acusa de filtrar documentos secretos. Su brazo derecho en la investigación, Omar Gómez Trejo, renunció tras el desistimiento de 16 órdenes de aprehensión contra militares. La Fiscalía General los investiga por las mismas razones: filtrar documentos secretos.
López Obrador confirmó la renuncia de Gómez Trejo, anticipada el lunes en este espacio, por las molestias del fiscal especial de que responde a intereses trasnacionales, al debilitarse la cruzada que comparte con Encinas para enjuiciar al Ejército por la matanza y desaparición de los normalistas. “Hay diferencias”, explicó el Presidente sobre la renuncia, pero hablando en presente. Las diferencias de Gómez Trejo no se resuelven con su salida. Encinas está decidido a seguir el caso contra los militares, y en el Ejército están decididos a no pasarle acusaciones con motivaciones políticas, como denunciaron los abogados de los militares imputados.
Encinas insistió este martes, en un artículo publicado en El Universal, que él continuará por la línea que inició, y López Obrador experimenta la dialéctica de confrontación entre el poder civil, dependiente de los militares, y el Ejército, con el poder inmenso que le dio el Presidente. López Obrador está sumido en sus contradicciones y es vulnerable. Ha dicho que es imposible mejorar la seguridad sin los militares, y que sin ellos no podría hacerse el Tren Maya. ¿Entonces?
El Presidente apostó por el Ejército como su fuente de poder, pero no ha sabido cómo cumplir sus promesas sin violentar la estabilidad del propio gobierno. El presidente Ernesto Zedillo procesó la captura del zar de las drogas, el afamado general Jesús Gutiérrez Rebollo, sin alterar la relación con el alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente Vicente Fox, que quería al Ejército en las calles ante la eventualidad de protestas masivas si desaforaba a López Obrador, como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, reculó cuando el secretario de la Defensa, el general Clemente Vega, se negó a hacerlo a menos que se lo ordenara por escrito.
Por qué antes no y ahora sí se ha dado un conflicto serio con las Fuerzas Armadas, tiene una respuesta simple pero profunda: los expresidentes, más allá de la valoración general de sus acciones, no actuaban con frivolidades, como lo hace todo el tiempo López Obrador, que en su negligencia permitió la apertura de frentes de guerra en lo alto del gobierno, como en la gestión del caso Ayotzinapa.
