México se convirtió en 2021 en el País con el mayor número de activistas ambientales asesinados, al sumar 54, según un reporte de Global Witness.
Le siguieron de lejos Colombia, con 33; Brasil, con 26, y Filipinas, con 19.
Casi la mitad de los activistas asesinados en México eran indígenas. Los ataques por conflictos de la tierra y la minería ocurrieron principalmente en Oaxaca y Sonora.
El País, alerta el reporte, se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para los defensores ambientales y sumó 154 activistas asesinados en una década, 131 de ellos entre 2017 y 2021.
Global Witness es una organización internacional fundada en 1993, con sede en Londres, dedicada a documentar los vínculos entre recursos naturales, conflictos y corrupción. Publica desde 2012 un informe anual sobre ataques contra activistas ambientales en el mundo.
El reporte difundido anoche, detalla el caso de José Santos Isaac Chávez, opositor a un proyecto minero en Jalisco asesinado en 2021.
Dirigente indígena y abogado, era candidato a encabezar el Comisariado Ejidal de Ayotitlán.
«Fue el único candidato que se opuso abiertamente a la mina Peña Colorada y sus operaciones. Lo encontraron muerto en su coche, que había sido conducido hacia un precipicio. Su cuerpo mostraba pruebas de tortura», indica el reporte.
El informe advierte de presiones y ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación en Peña Colorada y nadie ha sido llevado ante la justicia.
«El Cártel Jalisco Nueva Generación ha desarrollado un interés en la minería ilegal. El grupo impone sus condiciones y violencia contra la comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada por parte del Estado mexicano», alerta.
Desaparición
Global Witness advierte también sobre las desapariciones forzadas de activistas ambientales, dirigidas, considera, a sembrar el temor entre familias y comunidades, y de las cuales indica haber documentado 19 en 2021.
El caso de la ambientalista mixteca Irma Galindo Barrios, quien desapareció en Oaxaca en octubre de 2021, es uno de ellos. Las desapariciones, sostiene, son perpetradas por funcionarios estatales corruptos y grupos de la delincuencia organizada.
«Desde 2018, enfrentaba intimidaciones por parte de funcionarios públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte como resultado de su defensa de los bosques», señala el informe anual de la organización internacional sobre ataques a ambientalistas.
«Esta defensa incluyó la presentación de denuncias formales ante la Secretaría de Medio Ambiente».
El informe se refiere en particular al caso de 10 hombres desaparecidos en julio de 2021 en territorio yaqui,en el sur de Sonora, y al hallazgo de los restos de 6 personas en la zona en septiembre del mismo año.
«Tras múltiples desapariciones y asesinatos en la comunidad yaqui el año pasado, funcionarios declararon que creían que los cárteles de la droga eran los responsables. Algunos integrantes de la comunidad, sin embargo, dijeron que sospechan que gobierno y corporaciones interesadas en la tierra yaqui y los recursos están también involucrados», detalla.
En sus recomendaciones, Global Witness subraya la necesidad de que el Gobierno de México establezca una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, que incluya la coordinación entre poderes del Estado y la generación de políticas y financiación para garantizar la justicia ambiental.
Además, diseñar, implementar y supervisar mecanismos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la información y al consentimiento bajo estándares internacionales.
«Si bien el Acuerdo de Escazú fue ratificado por México en enero de 2021 y entró en vigor en abril, hay poca capacidad estatal o presupuesto para apoyar a los defensores, reduciendo la probabilidad de que los individuos y las comunidades obtengan acceso a la justicia y a la reparación», señala.
Al presentar el informe, Global Witness demandó a los gobiernos y a las empresas involucrados a rendir cuentas por la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, que son, indicó, las personas que se encuentran en la primera línea de la crisis climática.
