Migración y desplazamiento forzado de personas
Por Raúl Contreras Bustamante
Los desplazamientos humanos son tan antiguos como la humanidad misma, ya que en sus orígenes era nómada. Las personas migraban de manera permanente de un sitio a otro buscando animales para alimentarse y los climas más propicios que produjeran comida y abrigo para conseguir sobrevivir.
Con el devenir histórico, los motivos para migrar han variado, pero la esencia es la misma: buscar mejores condiciones de vida para quien abandona su lugar de origen.
En la actualidad, se considera como migrante a toda aquella persona que se desplaza —o se ha desplazado— a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, con independencia de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento o las causas del mismo.
La migración es un fenómeno que se presenta en todo el orbe y en nuestro país presenta múltiples complejidades. México tiene la doble condición de ser al mismo tiempo un país expulsor y receptor de migrantes, lo que debe obligarnos a procurar el respeto de los derechos y la dignidad de tantos marginados por la pobreza y el subdesarrollo.
Entre múltiples actividades académicas, la Facultad de Derecho de la UNAM, junto con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, celebraron hace unos días el conversatorio Impacto regional de la migración y el desplazamiento forzado de personas, con la participación de destacados académicos especialistas, activistas sociales, legisladores y juzgadores.
Se contó con la presencia del doctor Calogero Pizzolo, catedrático de la Universidad de Buenos Aires y reconocido experto a nivel internacional, quien dijo que la migración se vio afectada por el covid-19, ya que el aislamiento por la crisis sanitaria impactó severamente este fenómeno. Durante los meses más rigurosos del confinamiento, la emisión de visas de inmigrante en Estados Unidos disminuyó 97%; en Reino Unido se contrajo 43% y en Australia cayó 92% la llegada de extranjeros.
Con el relajamiento de las restricciones sanitarias, los flujos migratorios han recobrado fuerza, y por lo tanto, nuestro país tiene una alta responsabilidad de verificar que los migrantes no sean sometidos a tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, llevar a cabo una tutela efectiva en los procesos migratorios.
Y es que nuestra frontera norte cuenta con 56 puestos fronterizos, por donde transitan a diario un millón de personas, 300 mil autos y 70 mil camiones. A raíz de la pandemia, se estima que en el mercado laboral estadunidense la tasa de desempleo de la población migrante mexicana pasó de 6.6% en marzo a 17.1% en abril de 2020.
Después de escuchar a los demás conferenciantes —magistrados, representantes populares y académicos— exponer sobre vejaciones, actitudes represivas de autoridades migratorias, así como de interpretaciones jurisprudenciales, quedó de manifiesto que nuestro país no tiene estructurada una auténtica política pública en materia de población, que dé respuestas efectivas para la cambiante dinámica de la migración y sea una fuente segura de las prácticas migratorias.
México debe asumir de manera decidida el apoyo a los migrantes, por convicción y cumpliendo su responsabilidad convencional de proteger y promover los derechos de las personas en tal situación, entre los cuales destacan el derecho a la dignidad humana y el derecho a no ser criminalizado.
Como Corolario, las palabras de Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz: “Los migrantes enriquecen nuestras vidas. La tolerancia hacia ellos abrirá nuevos mundos y hará que sean bienvenidos donde quiera que vayan”.
