Por Fabiola Guarneros Saavedra
¿Impunidad cero?
La demagógica matutina y Chico Che y la Crisis —vaya similitud del nombre del grupo consentido del Presidente con la realidad económica y seguridad del país—, no son las respuestas que el ciudadano espera de su gobierno, en momentos en los que llora a sus muertos o desaparecidos por feminicidas, crimen organizado, policías o militares; tampoco calla a los mal intencionados, conservadores, neoliberales, periodistas, medios de comunicación, partidos de oposición y enemigos de la 4T.
La realidad se impone a las palabras repetitivas y desgastadas, a las bromas y al soundtrack de la conferencia de Palacio Nacional que causan risas y exasperan.
¿Existe la voluntad y la fuerza moral para hacer efectiva la impunidad cero, más allá de ser el título de una sección de “la mañanera”?
Se cumplieron 100 días del asesinato de tres personas en la iglesia de Cerocahui, Chihuahua, entre ellas dos jesuitas, y el caso permanece impune.
54 activistas ambientales fueron asesinados el año pasado, de acuerdo al reporte de Global Witness, y no se ha hecho justicia.
Ya pasaron siete meses desde la desaparición en Acapulco de dos marinos que escoltaban al senador de Morena José Narro y apenas el jueves el Presidente informó que la Fiscalía General de la República (FGR) “ya está investigando el caso”.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa alertó, el jueves pasado, sobre las prácticas en la justicia mexicana que favorecen la impunidad:
“Producto de la judicialización débil de la orden de aprehensión del exprocurador (Murillo Karam) se corre el riesgo de que no se logre una condena, no obstante existir evidencia y prueba de la participación de Murillo en la construcción de la mal llamada verdad histórica.
“Se tiene una mayor atención a la detención que a la condena, que lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de un inicio de una vinculación a proceso sin importar el resultado”, consideró Francisco Cox, uno de los integrantes de la comisión.
Pero al Ejecutivo sí le importó más la foto en primera plana de la detención de Murillo Karam, y lo reconoció el propio López Obrador durante su conferencia matutina de ese mismo jueves: “Los asesores que me vinieron a ver dicen: ‘Es que si se hubiesen esperado 15 días, tres semanas, un mes, se hubiese podido consolidar mejor’. Le digo: Si no hubiésemos actuando, no hubiese habido justicia. Son visiones distintas.
“A ellos les preocupa mucho, entre otras cosas, el debido proceso. Yo digo: Sí, hay que cuidar el debido proceso, pero lo primero es la justicia”.
¿Importa realmente la justicia cuando el caso se puede caer porque no hay solidez en las pruebas?
El GIEI también advirtió sobre la dudosa actuación de la Fiscalía General de la República: “Quizá uno de los hechos más graves de intervención o intromisión en las funciones de la Unidad de Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa se observa cuando se cancelan 21 de las 83 órdenes de aprehensión”. Por ello, el grupo pidió al gobierno permanecer en México para averiguar por qué la Fiscalía se desistió de la acción penal contra 21 personas, de las cuales al menos cinco son mandos militares.
Claudia Paz y Paz, también del GIEI, consideró que, con el retiro de las órdenes de aprehensión, será imposible esclarecer lo que sucedió en el caso, además de que se desautoriza el trabajo de jueces y de quienes han aportado pruebas en contra de los responsables de la desaparición de los jóvenes normalistas.
Otro de los motivos por los que el GIEI solicitará la ampliación de su encargo en México será la de buscar un encuentro con el fiscal general de la República, para que explique los motivos de las presiones hacia la UEILCA.
“Para nosotros ese actuar de las máximas autoridades de la Fiscalía General también es inexplicable, no se ajusta a los mínimos estándares internacionales ni tampoco al Estado de derecho”.
El jefe del Ejecutivo Federal ¿podrá cumplir con su compromiso de justicia y esclarecer lo sucedido aquella noche en Iguala?
¿Impunidad cero?
DM
El Centro de Operaciones del Ciberespacio de la Secretaría de la Defensa Nacional alertó el 30 de agosto de un virus utilizado para sustraer información de correos electrónicos. Y antes, en el 2020, la Auditoría Superior de la Federación puso en evidencia la debilidad de la Sedena en su sistema de ciberseguridad. Si en el Ejecutivo sabían del riesgo ¿por qué no actuaron? ¿Fuego amigo? El hackeo fue externo, ¿pero la filtración de casa?
