Por Pascal Beltrán del Río
Se rompió el dique constitucional
La elección legislativa federal de 2021 había devuelto algo de equilibrio a la política nacional.
Luego de su triunfo arrasador en 2018 —y de la posterior pepena de legisladores de la oposición—, el oficialismo se había hecho de un bloque en la Cámara de Diputados que le ayudaba a reformar la Constitución sin tener que negociar. Pero, tres años después, esa mayoría calificada se redujo a mayoría simple.
Luego del resultado electoral de 2021, se pensaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quedaría con las ganas de modificar la Carta Magna en lo que restaba de su periodo. Además, si cualquier cosa fallaba en San Lázaro, siempre estaba el Senado —donde las bancadas del oficialismo nunca han reunido juntas 60% de los escaños— para servir de freno de emergencia.
La teoría se probó en los hechos la primavera pasada. Cuando en Semana Santa, los grupos parlamentarios de Morena, PT y Partido Verde trataron de modificar la Constitución en materia eléctrica, la iniciativa del Ejecutivo se estrelló con el muro opositor. A pesar de ello, López Obrador no se resignó. Echó mano de sus ministros amigos en la Suprema Corte para evitar que la ley secundaria en la materia —que había sido modificada al gusto del gobierno— fuera declarada inconstitucional.
Sin embargo, eso no fue suficiente para el tabasqueño, pues la maniobra en el máximo tribunal sólo tuvo éxito porque cuatro de los 11 ministros la respaldaron, apenas el mínimo necesario. Es decir, aunque se había salido con la suya, había perdido la votación por siete a cuatro. Entonces, reformar la Constitución volvió a entrar en los planes de Palacio Nacional. ¿Pero cómo lograrlo, si la oposición había firmado un pacto para no aprobar cambio alguno en la Carta Magna?
Como los números no daban, había que buscar otra manera. Y la solución fue aprovechar las debilidades en la biografía del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien también es diputado federal. Alito ya estaba bajo advertencia. El secretario de Gobernación le mandó decir, previo a la votación de la reforma constitucional en materia eléctrica, que su partido debía apoyar la iniciativa o él se tendría que atener a las consecuencias.
El campechano denunció las presiones, pero muy pronto comenzó un bombardeo de audios en los que se le escuchaba decir cosas terribles para su imagen y confesar potenciales delitos, situación que lo puso al borde del desafuero.
Cuando no pudo más, el líder priista cedió. Y el oficialismo se hizo de los votos del tricolor en la Cámara de Diputados, que le permitieron aprobar —por fin— una reforma constitucional para ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Pero aún faltaba la aduana senatorial. Las cosas se complicaron porque no había los votos suficientes para aprobar la minuta y ésta fue regresada a comisiones. Se trató de una retirada estratégica: durante los siguientes días se puso en práctica una operación del oficialismo para conseguir los apoyos faltantes.
Fue la clásica estrategia de policía bueno/policía malo. En el papel del primero estuvo el senador Ricardo Monreal y en el del segundo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
A los opositores les ofrecieron la zanahoria de incorporar cambios en el dictamen y el garrote de amenazarlos con el ejercicio de la acción penal. Fue sintomático que el martes, día de la votación, la jefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum dio a conocer que se había descubierto un “centro de espionaje” donde su antecesor, el hoy senador Miguel Ángel Mancera, presuntamente había identificado terrenos susceptibles de incrementar su valor comercial, para luego hacer negocio con la plusvalía. A la hora de la votación, Mancera dio su apoyo al dictamen, cosa que sorprendió al propio líder nacional de su partido, Jesús Zambrano.
¿Cuántos votos habrá cosechado el gobierno mediante presiones semejantes? A saber. Lo cierto es que el llamado bloque de contención se ha desmoronado. Ahora que el oficialismo ya conoce el caminito, ¿quién apostaría algo a que no vendrá ahora una andanada de iniciativas de reforma constitucional, entre ellas alguna de carácter electoral destinada a acabar con el INE?
