Por Federico Reyes Heroles
Catch 22
Homicidios dolosos, feminicidios, 100 mil desaparecidos, decenas de enfrentamientos, asesinato de periodistas y activistas, extorsión galopante, la peor crisis de seguridad de la era reciente. ¿Qué hacer? Por lo pronto, reconocer la trampa.
¿Cómo llegamos aquí? Einstein diría que haciendo lo mismo. Son responsables todos los que impulsaron o aceptaron la cómoda trampa: tres presidentes, Calderón, Peña y López Obrador, sus secretarios de Defensa y Marina, sus subalternos en la PFP y ahora Guardia Nacional, los legisladores, los gobernadores y presidentes municipales comodinos a la espera de una solución externa. También, una ciudadanía en general apática y desinformada. Tres lustros de una salida con sex appeal político: centralizar y militarizar la seguridad. Sería eficaz y rápido, un atajo. Ninguna de las dos. Con un agravante irreparable, las violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas (FA) no tienen precedente. Y, sin embargo, las FA permanecerán en actividades de seguridad hasta el 2028.
Las labores de seguridad deben recaer en mandos civiles, está en nuestra Constitución. Las FA tienen otras encomiendas. Se trataba de una excepción, una emergencia, pero no salimos de ella. Hoy, México es ya un país altamente militarizado y, a la vez, uno de los más violentos del mundo. Que regresen a los cuarteles, es lo deseable, pero hoy se evade la compleja realidad. La mayoría de las entidades, 21, piden el apoyo militar. ¿Por qué? La explicación está en lo que no se hizo. Recordemos la secuencia: sólo con policías estatales fuertes y eficientes se puede retirar a las FA.
La CDMX —por razones particulares— es la única entidad que cumple con el número de policías recomendado por la ONU: 1.8 elementos por cada mil habitantes. El número es central, pero no explica todo. Yucatán y ahora Coahuila tienen pocos elementos —1.4 y 0.1, respectivamente— con buenos resultados. Poco se hizo para capacitar y dignificar a los policías. En esa actividad —peligrosa por naturaleza— el 70% de los elementos gana menos de 20 mil pesos mensuales. La gran mayoría carece de un seguro para gastos médicos mayores. Son más de 221 mil familias que dependen de ese trabajo. ¿Y los dineros? Causa en común lo explica: el subsidio federal para apoyar a 300 municipios fue eliminado, cuatro mil mdp. El Fondo de Aportaciones, alrededor de siete mil mdp, está estancado. Por eso pierden efectividad, las estrangulan. Pero el subsidio a las tarifas en el 2023, rondará los 76,625 mdp, es 20 veces el apoyo a municipios. Con dos arbitrajes perdidos, la CFE produjo pérdidas de alrededor de dos mil 100 mdp. Vienen decenas más. La Sedena maneja discrecionalmente un fideicomiso con más de 27 mil mdp, supera el costo total del INE. Sólo tres de cada 10 policías están certificados. No hay dinero, ni voluntad. Del 2006 al 2021, el gasto militar como proporción del PIB, se duplicó. Pero los homicidios dolosos aumentan: en sólo 45 meses de 4T, ya rebasan los 135 mil y creciendo, un aumento de 63.4 por ciento.
La única forma de mediano plazo para retirar a las FA de labores de seguridad, es fortaleciendo a las policías locales. Además, la 4T ha pervertido a las FA y es público gracias a Guacamaya leaks que violan los derechos humanos, venden armas a criminales, a través de la GN inciden en extorsión, robo, abuso de autoridad y demás. Nada que ver con la institucionalidad histórica del pasado. También cayeron en la trampa de centralizar y militarizar. López Obrador lo aprovechó para controlar y corromper. ¿Quieren pasar así a la historia o recuperar el prestigio que pierden día a día? Necesitan cirugía mayor para salir de la trampa. Dejarlas en las calles es cavar su propia tumba. Retirarlas de golpe, es imposible.
El acuerdo en el Senado crea los instrumentos para que los legisladores vigilen, evalúen a las FA y fortalezcan a las policías locales. Veremos.
Como Catch 22 de J. Heller, para salir, debemos retroceder.
