La posibilidad de que Estados Unidos solicite un panel de arbitraje para resolver la disputa en torno a la política energética del Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue abierta de no prosperar las actuales consultas, dijo la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés).
Luego que el Mandatario mexicano asegurara el viernes que EU había desistido de su prerrogativa de solicitar un panel de arbitraje al amparo del Tratado de Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC), la USTR aseguró que dicha opción no está cerrada para el Gobierno de EU.
«En este momento, nosotros buscamos involucrarnos constructivamente con México a través de consultas y continuaremos trabajando hacia una resolución mutuamente aceptable que aborde nuestras preocupaciones (en energía)», dijo a REFORMA un vocero de la USTR sobre las actuales pláticas.
«En caso de que las consultas no aborden nuestras preocupaciones, Estados Unidos puede solicitar un panel para resolver el asunto».
Desde el 20 de julio pasado, el USTR bajo el mando de la Embajadora Katherine Tai hizo una solicitud formal de consultas a México bajo el Capítulo 31 del T-MEC tras lo cual inició un proceso de pláticas entre ambos Gobiernos para intentar atender las quejas en distintas áreas de la política energética mexicana.
Según la queja inicial, el Gobierno estadounidense considera que la política energética de López Obrador viola al menos diversos artículos del T-MEC al dar preferencia a las empresas paraestatales mexicanas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con los procedimientos establecidos en el Capítulo 31, las consultas formales habrían iniciado el 20 de agosto y concluido a principios de octubre pero fuentes citadas en medios de ambos países han asegurado que los Gobiernos mexicano y estadounidense han decidido extender su duración.
Según las reglas del mecanismo de resolución de disputas del Capítulo 31, EU tiene la posibilidad de solicitar un panel de arbitraje para resolver lo que considera son violaciones al T-MEC de la política de López Obrador contra los intereses de compañías estadounidenses en el sector energético mexicano.
Si el panel de arbitraje encontrará que México estuviera en violación del T-MEC este podría potencialmente autorizar medidas en represalia que típicamente significa la imposición de aranceles contra bienes mexicanos en valor similar al daño sufrido por las medidas mexicanas en el sector energético.
