El asesor político Antoni Gutiérrez-Rubí cobrará a la CDMX 643 mil pesos para mejorar la medición de percepción y opinión pública del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
El trabajo lo hará de forma remota y por 243 mil pesos más que lo que había reconocido la Mandataria que pagaría su Administración.
De acuerdo con el contrato del asesor y consultor de políticos de España y Latinoamérica, como Gustavo Petro, Presidente electo de Colombia, del que REFORMA posee copia, Gutiérrez brinda servicios de asesoría al Gobierno de Sheinbaum desde julio, aunque su incorporación se confirmó hasta agosto y su contrato tiene vigencia a diciembre.
Según se destaca, su asesoría busca mejorar la comunicación digital de las acciones del Gobierno, con capacitación digital de los equipos técnicos responsables para la optimización de los procesos de difusión, percepción y opinión pública gubernamental.
También, se le permite incidir en políticas públicas.
«Asesoramiento en el análisis y desarrollo de estrategias y planes de las políticas públicas, y en su caso la propuesta de modificación y mejora, de manera digital.
Coadyuvar en el diseño del plan de las políticas públicas, así como de la reingeniería de las operaciones digitales del contacto ciudadano», destaca el contrato.
Gutiérrez-Rubí cobrará por mes y su labor será a distancia.
Entre agosto y septiembre, Sheinbaum evadió dar detalles sobre la incorporación del asesor, dijo que se le pagaría «un monto muy pequeño» y que sus labores serían de vinculación de comunicación digital con el arte y asesoría de redes sociales.
Permanecerán ocultos los resultados del asesor
La información y resultados que obtenga el asesor político español Antoni Gutiérrez-Rubí se mantendrán en opacidad.
El contrato, firmado el 28 de julio, cuenta con una cláusula de confidencialidad que prohíbe a Gutiérrez-Rubí divulgar las actividades que tengan lugar bajo el convenio, salvo que cuente con permiso de la Secretaría de Administración y Finanzas.
«‘Las partes’ convienen que por el tipo de información que llegue a conocimiento de cualquiera de ellas en el desarrollo del presente contrato, y que se refiera a la otra o a las actividades que ella desarrolló, no podrá ser divulgada, revelada o utilizada en ninguna forma, por ningún medio, a ninguna persona física o moral, ya en provecho propio o de terceros, por quien recibe la información», indica el documento.
«‘El prestador’ conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o en cualquier otra forma el programa, datos y resultados obtenidos de los servicios objeto de este contrato, sin la autorización expresa de ‘la SAyF (Secretaría de Administración y Finanzas)'».
El contrato añade que la CDMX podrá decidir si da difusión a alguna de la información obtenida y que, en ese caso, será esta misma la que se encargaría de ello.
Una fuente con conocimiento del tema aseguró que este tipo de cláusulas de confidencialidad son utilizadas por la Administración capitalina en contratos relacionados con promoción y difusión de actividades gubernamentales, así como de imagen pública.
El pago por la asesoría de Gutiérrez-Rubí saldrá de la partida presupuestal para la contratación de servicios profesionales por concepto de monitoreo de información en medios masivos de comunicación.
«Maximizar los procesos digitales de percepción, opinión pública y el contacto ciudadano de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana», es el objetivo del acuerdo.
El convenio también indica que las partes deberán respetar y cumplir las disposiciones legales en materia electoral.
