Por José Elías Romero Apis
De nueva cuenta y sin buscarlo nos surgen las comparaciones de la criminalidad. Esta semana ya hasta se andaban peleando en el Senado de la República.
La Fiscalía de Nuevo León sigue atrapada en la investigación o la no-investigación del caso de la joven Debanhi. Por el contrario, la Fiscalía del Estado de México sigue resolviendo casos que mucho laceran a la sociedad. Entre ellos, el rescate de una niña secuestrada en Ecatepec, quien fue salvada en tan sólo dos días de investigación.
Nos queda en claro que la Fiscalía mexiquense, dirigida por José Luis Cervantes, no es la única excelente, así como la Fiscalía neoleonesa, que dirigía el fiscal recién dimitido, no es la única pésima.
Por muy justificadas razones, hoy no es fácil ver la procuración con ojos de simpleza y de ingenuidad. Por eso, hay que interpretar con cautela y hay que tener cuidado con los observatorios y los calificadores populares. Por lo mismo, hay que reflexionar sobre algunos referentes elementales de calificación.
Desde luego, hay factores que sólo están sujetos a una valuación subjetiva. Que la fiscalía tenga confiabilidad ante la ciudadanía. Que sus dirigentes tengan credibilidad ante la opinión pública. Que la institución tenga reactividad ante sus crisis funcionales o de imagen. Esto y diez factores más podrían conocerse a través de muchos instrumentos, unos burdos, como las encuestas, y otros finos, como el sentido de percepción política. Pero todos son medidores subjetivos.
Ahora, vamos a los más objetivos. Lo primero, es considerar que el índice delictivo no es el medidor de las fiscalías. Su responsabilidad comienza cuando el delito ya se cometió. El índice delincuencial es responsabilidad de la policía preventiva.
Una vez dicho esto, pasemos al índice cuantitativo. El total de delitos denunciados debemos separarlos en dos grupos. El primero se llama “averiguaciones resueltas”, que pueden ser en dos sentidos. Uno es el de consignación, cuando se concluye que hubo delito y se sabe quién es el delincuente. El otro se llama de no ejercicio y proviene de la conclusión de que no hubo delito. La suma de las resueltas son un éxito de la fiscalía.
Pero las no resueltas son su primer fracaso. Éstas se guardan en un cajón o se van a la llamada “reserva”. Éste es el hoyo más vergonzoso de una fiscalía. Equivale a fallar el penalti. Es cuando no se supo quién fue el delincuente o ni siquiera se supo si hubo delito. La resultante entre resueltas y no resueltas forma el índice de investigación.
Segundo paso. De las consignaciones, el juez tiene que resolver si otorga la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso o los niega. Éste ya es un índice preliminar de calidad y no sólo de cantidad. Éste es el índice de judicialización.
Tercera prueba. Del total de órdenes de aprehensión que emitieron los jueces, el número de aprehensiones que ejecutó la procuraduría. Éstos se llaman índices de localización y ejecución. Sobre esto, comento algo muy grave. Normalmente, las fiscalías mexicanas tienen miles de órdenes de aprehensión sin ejecutar. Esto quiere decir que tienen pendientes las de 10 o 20 años. La mayoría hay que tirarlas porque ya prescribieron.
Cuarta y definitiva prueba. La proporción de sentencias condenatorias versus las absolutorias, versus las consignaciones y versus la reserva. Éste se llama índice de penalización.
Con la explicación completa de esto y de sus posibles engaños e imprecisiones, podríamos llenar todo un libro, pero lo importante es ver si la fiscalía tiene las siete cualidades necesarias, como lo está imprimiendo Cervantes en la Fiscalía mexiquense.
Conocedora, para que no la engañen. Leal, para que no la seduzcan. Honesta, para que no la compren. Valiente, para que no la asusten. Respetada, para que no la ataquen. Inteligente, para que no la confundan. Y justa, para que no la desprecien.
