Oscar Ballesteros
Por el presunto desvío de hasta 3 millones de pesos mediante pagos duplicados, los miembros del CEAP presentarán una demanda penal en contra de Hilda Margarita Cortez López, directora del CBTis 36; además de señalar a un guardia del plantel quien a través de mensajes solicita el acercamiento, aparentemente sexual, con alumnas.
El actual Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), encabezados por Sergio Tamez y Ema Haro, manifestaron las distintas anomalías que se han presentado con respecto al manejo de los recursos por parte de la directora y sus allegados administrativos; empezando con la restricción al acceso de los gastos de la anterior administración, “el primer semestre que entramos teníamos un pasivo de casi medio millón que ella ya debía, y lo estamos pagando”, señaló el presidente del comité, Sergio Tamez.
Ante el desconocimiento de los movimientos anteriores, acudieron a Hacienda donde se les brindaron los comprobantes que demostraron la duplicidad de gastos, siendo de los más destacados el pago de 162 mil pesos por concepto de servicios de seguridad de 3 meses, los cuales ya se habían pagado por la anterior mesa directiva.
Los servicios de vigilancia, registran un egreso de 56 mil pesos mensuales, para 4 guardias que se tienen, son contratados a Sistema de Seguridad Privada Patrimonial, empresa que tiene como dueña a Mayra Yoana Romo Martínez, jefa administrativa del plantel.
Aunado a esto, se expuso la anterior existencia de 2 tomas clandestinas de agua, que les generó una multa por parte de SIMAS “una multa inicialmente de 1 millón de pesos, finalmente bajó a medio millón de pesos”, indicó Sergio Tamez. Sobre esta situación, la directora se ha negado a dar declaraciones; a pesar de contar con cámaras que pueden mostrar quién realizó esos trabajos, ella ha impedido el acceso a esos medios, pues exigía los pagos mensuales por este servicio.
Fuera de las cuentas
Uno de los vigilantes del plantel, quien ya fue despedido está involucrado en conversaciones donde él solicita a otra persona se le consiga un acercamiento con una alumna con intenciones aparentemente sexuales.
Ante esto, el abogado de los padres de familia, Héctor Javier Liñán García, señaló se puede tratar de un delito de trata de personas dentro del plantel, pues el guardia hace petición de alumnas con ciertas características.
Del caso evidenciado por conversaciones, se comentó la directora tuvo conocimiento y por eso fue removido de la institución el vigilante, sin embargo, bastó una charla con los papás de la alumna mencionada para que el caso no saliera a la luz y no se dio reporte alguno a las autoridades.
Tras la situación, se solicitará una investigación para visualizar si este caso no es aislado y se trata de una red donde se ofrecen alumnas a personas externas del plantel con intenciones sexuales.
