Un juez federal negó a la Fiscalía General de la República girar órdenes aprehensión contra 25 ex funcionarios y particulares por el pago de 145 millones de pesos que hizo Segalmex por 7 mil 800 toneladas de azúcar, de las cuales sólo le entregaron 3 mil 110 toneladas.
Álvaro Niño Cruz, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Oaxaca, negó las capturas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, al considerar que la FGR no acreditó que la aprehensión de los imputados fuera la manera más idónea de hacerlos comparecer ante la justicia.
El fallo no constituye un pronunciamiento sobre si existen o no datos de prueba contra los ex servidores públicos, por lo cual queda abierta la puerta para que la Fiscalía vuelva a pedir las aprehensiones.
El contrato cuestionado originalmente fue suscrito en abril de 2020 por Diconsa para que la empresa Carregin le proveyera de 25 mil toneladas de azúcar por 465 millones de pesos.
Los problemas de logística ocasionados por el Covid-19 llevaron a cancelar la mayoría de los pedidos y sólo dejaron vigente el de 7 mil 800 toneladas por 145 millones de pesos.
De acuerdo con las autoridades, Diconsa pagó la totalidad del contrato cuando Carregin sólo había entregado 3 mil 110 toneladas. La paraestatal pidió la devolución de 88 millones de pesos de las 4 mil 700 toneladas no entregadas, pero la proveedora sólo depositó 8 millones de pesos a Diconsa.
En este asunto, la FGR expuso al juez Niño Cruz que había decidido pedir las capturas y no el citatorio a una audiencia de imputación, porque existía una necesidad de cautela.
Es decir, que había un riesgo significativo de sustracción de la justicia y, por tanto, la privación de la libertad es la única manera de garantizar que los imputados sean conducidos al proceso.
Para justificar lo anterior, la FGR señaló que había un riesgo de fuga porque el Caso Segalmex es de conocimiento público; los imputados no estaban localizables en domicilio alguno; los delitos implican una alta penalidad; y el ilícito de delincuencia organizada amerita la prisión preventiva oficiosa.
Pero el juez Niño Cruz descalificó dichos factores de riesgo expuestos por la autoridad ministerial, pues en principio estableció que la Fiscalía no ofreció un dato de prueba que acredite que un imputado pueda sustraerse de la justicia por el hecho de saber que es indagado.
También desestimó la alta penalidad de los delitos y la medida cautelar contemplada para la delincuencia organizada, pues en su opinión esas sólo son suposiciones sobre hechos futuros que violan la presunción de inocencia, ya que dan por sentado que los implicados serán procesados.
«Aunado a ello, considerar como sustento para librar la orden solicitada, las circunstancias hechas valer relativo al máximo de la pena que pudiera imponerse a los activos, la medida cautelar a que pudiera sujetárseles (prisión preventiva oficiosa) y la posible negativa de beneficios procesales, no la justifican, pues adicional a lo expuesto, se trata de resoluciones posturas que atienden a aspectos de prueba de los que no puede adelantarse su sentido, y por ello su concepción atentaría contra el principio de presunción de inocencia», resolvió el juzgador, el 16 de agosto pasado.
«Al no acreditarse en lo individual alguno de estos supuestos (factores de riesgo), tampoco es factible analizarlos en su conjunto y con ello actualizar la necesidad de cautela que permite entrar al estudio de la probable participación de los investigados en los hechos denunciados».
René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, encabeza la lista de ex funcionarios contra los que se negó la aprehensión.
También Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Liconsa; Hugo Armando Rosas Medina, ex subgerente de la Unidad Operativa Querétaro; Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos; y José Rafael Domínguez Ortiz, ex subdirector de Tesorería General.
Además, Juan Bautista Rojas Fontes, ex gerente de Control Presupuestal; J. Elías Ávila Peña, ex jefes del almacén rural de La Luisiada, Guanajuato; y Simón Escobar Copca y Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex jefe y ex subjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Otras capturas negadas son las de Jorge Humberto González Bocardo, ex subgerente de abasto en la Gerencia Estatal Tlaxcala; Jesús Morales Garza, ex gerente en la Dirección Comercial encargado de la contratación de granos y azúcar; y Roberto Rivera Ramos, ex subgerente en la Dirección Comercial y a cargo de la programación de adquisiciones.
En la lista también están Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora corporativa de gerencia de presupuestos en la Dirección de Finanzas; José Rosalío Hernández García, ex coordinador corporativo de la Gerencia de Tesorería encargado del pago a proveedores; y Carlos Peralta Aburto, ex subgerente de presupuesto en la Unidad de Administración y Finanzas.
Entre las órdenes negadas están Jorge Saúl Romero Valencia y Daffne Ivanna Pomar Colín, supuestos accionistas de Carregin; y José Miguel Ojeda Antonio, José Francisco Pagaza López, Eduardo Alejandro Murillo Landeros y Javier Adán Jiménez Tinoco, apoderados de la misma empresa.
También, el juez rechazó ordenar las aprehensiones de Hugo Gerardo Rosales Badillo, Gonzalo Mora Nateras, Luis Fernando Morita Mora y Fernando Hiram Zurita Jiménez.
