En el marco de las acusaciones entre PRI y Movimiento Ciudadano por la reforma electoral, diputados federales por Nuevo León del tricolor y del PAN denunciaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobernador de ese estado, Samuel García, a quien acusaron de embargar injustificadamente las cuentas bancarias de 25 municipios.
De acuerdo con la denuncia dirigida al Auditor Superior, David Colmenares, el Mandatario local impidió, obstaculizó y retrasó la entrega de recursos federales y estatales en perjuicio de municipios como Guadalupe, Dr. Arroyo, Dr. González, Galeana, Hualahuises, Iturbide, Aramberri, Agualeguas, Montemorelos, Santiago, Bustamante y General Bravo.
Los legisladores nuevoleoneses afirmaron que los actos del emecista no sólo fueron contrarios a la legalidad, sino que los efectuó con fines políticos.
“Es de señalarse que los hechos irregulares cometidos por el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, corresponden a actos contrarios a la legalidad, efectuados de forma dolosa, arbitraria y temeraria, con fines meramente políticos contra dichas municipalidades”, indica la carta recibida por la ASF este viernes.
La acusación tienen lugar luego de que la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados afirmó que el PRI ya negoció con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, una reforma electoral alterna, fuera de la mesa de discusión formalmente constituida por seis de las siete fracciones parlamentarias en San Lázaro.
Los diputados denunciaron que, a la fecha, García no ha efectuado la transferencia de los recursos correspondientes a las aportaciones federales del Ramo 33 en materia de infraestructura y del Fortamun relativos a la seguridad.
Informaron que el 31 de octubre pasado, el Mandatario estatal requirió a los 25 municipios el pago inmediato de un supuesto incumplimiento por concepto del impuesto sobre nóminas y tres días después, ordenó la ejecución y embargo de las cuentas bancarias de ahorro, cheques, inversión, fideicomisos y cajas de seguridad.
Afirmaron que esto dejó a los municipios en un estado de inoperancia y sin posibilidades financieras para satisfacer las demandas de sus habitantes.
“Siendo que esta entidad administrativa y política es la base y fundamento del Estado Mexicano a la que corresponde administrar y suministrar los servicios básicos que requiere la ciudadanía y, ante esta acción, queda ahora sin posibilidades financieras para satisfacer las necesidades de sus habitantes, tales como seguridad pública, alumbrado, servicios de recolección de basura y compromisos económicos, entre otros, lo que significa un grave impacto social y de seguridad para sus comunidades”, sostuvieron.
Ante ello, solicitaron a la ASF que revise los actos irregulares en los que presuntamente incurrió García y que rinda un informe a la Cámara de Diputados.
Le demandaron también promover las acciones legales correspondientes, con el objetivo de fincar responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar en contra del Mandatario estatal.
La denuncia fue suscrita por los priistas María de Jesús Aguirre, Karina Barrón, Andrés Cantú, Juan Francisco Espinosa y José Luis García. Entre los firmantes no se encuentran los diputados Marcela Guerra e Ildefonso Guajardo.
Otros firmantes son los panistas Héctor Israel Castillo, Wendy Maricela Cordero, Annia Sarahí Gómez, Mariana Mancillas, Víctor Manuel Pérez y Pedro Salgado Almaguer.
