Ivonne Melgar
El INE de la paridad
Nuestro árbitro electoral está en peligro de perder su autonomía bajo la pretensión de sustituirlo por uno que responda a la retórica en el poder.
Se argumenta que las elecciones deben ser más baratas para justificar así el recorte del presupuesto al INE y una reforma que le quite atribuciones.
Es un ofrecimiento populachero que abarata la discusión invisibilizando los bienes que ahora tenemos gracias a una democracia electoral plasmada en la Constitución.
Hacer cumplir las reglas de esa democracia constitucional, resguardándola, es tarea de los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Son instituciones de arbitraje y justicia siempre mejorables. Pero la reforma presidencial que quiere reemplazarlas pone en riesgo nuestros bienes democráticos.
La lista es larga: la credencial, el documento de identidad más fiable que tenemos; la administración apartidista de un padrón confiable de electores; una estructura de conteo y registro de los votos que en cada contienda se ciudadaniza; certeza en la presentación pronta de resultados; órganos estatales y federales con instrumentos para un arbitraje y una calificación autónomos de los procesos; instrumentos legales para zanjar las inconformidades y un marco jurídico que da cauce a la pluralidad de la nación mexicana.
Uno de esos bienes democráticos al que nos estamos acostumbrando y que apenas hace un quinquenio parecía imposible es la paridad de género en la disputa de los cargos de elección. Un principio constitucional desde 2014 y que, a partir de 2019, obliga a todos los órganos del Estado a su cumplimiento.
Se trata de una revolución silenciosa que en los últimos dos años escaló y concretó el impulso que, de las cuotas y de la representación política y la igualdad sustantiva, venían realizando mujeres de todos los signos partidistas en México desde hace al menos tres décadas.
Y es que lo sucedido a finales de 2020, cuando se hizo obligatorio aplicar el principio de la paridad en las postulaciones a las gubernaturas, fue posible gracias a que en el INE y en el TEPJF se manifestó el compromiso con la aspiración de la igualdad sustantiva entre los géneros.
Indispensable la convicción con la que la consejera Carla Humphrey asumió la defensa de ese principio constitucional, contando con el respaldo de Adriana Favela, Claudia Zavala, Dania Ravel, Norma de la Cruz y la mayoría de los varones que conforman el INE, con su presidente Lorenzo Córdova incluido.
Y aunque en el Senado y en los partidos hubo resistencia, las magistradas Janine Otálora y Mónica Soto también consiguieron que la mayoría del TEPJF respaldara esa medida que está cambiando la fisonomía de la política mexicana al haber pasado de entonces a la fecha de dos a nueve mujeres gobernadoras.
Vino después la reivindicación que está cimbrando a los congresos estatales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los partidos: la ley 3 de 3 contra la violencia, a fin de evitar que lleguen a las boletas electorales quienes han incurrido en agresiones, violencia familiar y deuda en el pago de la pensión de los hijos, una iniciativa que la organización Todas Mx despliega en voz de Yndira Sandoval, Patricia Olamendi, Lorena Villavicencio, las Brujas del Mar, Las Constituyentes, entre un largo etcétera.
“Esta Ley es para limpiar de violencia el poder”, ha resumido con claridad María Eugenia Núñez, promotora de la iniciativa ciudadana que en Yucatán se ha convertido en referente nacional.
De nueva cuenta, consejeras y magistradas han sido clave para convencer a sus colegas de la legitimidad de estas causas que continúan avanzando, a pesar de las impugnaciones presentadas por una retrógrada Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por eso, entre los pronunciamientos desplegados esta semana en defensa del INE, destaca el de la colectiva de Mujeres en Plural que aquí compartimos:
“Defender al INE es defender la democracia. La constitución del Instituto Federal Electoral IFE, y posterior transformación en el Instituto Nacional Electoral INE, se logra después de décadas de exigencia social y política de una transición a la democracia.
“Derogar al partido hegemónico y único que gobernaba el país fue fomentando soluciones democráticas y evitando crisis que no se deben repetir.
“En ese marco de la autonomía e independencia del INE es que se puede lograr la participación igualitaria de las mujeres respecto de los hombres, en el ejercicio de sus derechos a votar y a ser votadas.
“Si bien la Constitución establece la Paridad en Todo, es el INE en primera instancia quien asegura este precepto constitucional a favor de los derechos políticos y electorales de las mujeres que buscan una candidatura o un espacio del poder público. Por estas y otras razones es que Mujeres en Plural hace un llamado respetuoso a todos los grupos parlamentarios para que no se reforme y eventualmente se trastoque la autonomía de este Organismo Constitucional.
“La realización de las elecciones hoy pueden tener certeza y legitimidad precisamente por el funcionamiento del INE”.
