Carlos M. Urzúa
La bola de demolición, parecida a esas bolas de hierro enormes que colgaban de grúas y se utilizaban en el siglo pasado para derruir edificios, vuela de nuevo hacia nosotros. Tratará de destruir otra institución en México y más nos vale que la tomemos muy en serio. Dañó de manera notoria el sistema de salud, la educación pública y la seguridad interior de nuestro país, y hasta de refilón le ha dado golpes a instituciones y poderes autónomos como la propia Suprema Corte.
Pero entre todos los acontecimientos lamentables que se han suscitado en este sexenio, ninguno tendría consecuencias más funestas para el futuro de la nación como la reforma, o más bien la contrarreforma, electoral que está siendo promovida desde Palacio Nacional.
La justificación oficial para hacer una contrarreforma electoral es infantil. Para dorar la píldora y que los mexicanos la traguemos con mayor facilidad, la contrarreforma menciona, de entrada, el supuesto costo estratosférico del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero el costo de esta institución será, en 2023, del orden de 14.4 mil millones de pesos, incluyendo tanto los gastos administrativos del organismo como todos los gastos que tendrá que hacer para organizar las elecciones que habrá el siguiente año a nivel estatal y municipal.
¿Es esa cantidad significativa o no? Para ponerla en perspectiva, en relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación esa cantidad representa un porcentaje menor al 0.2 por ciento del total. Más aún, a como vamos, el INE habrá gastado durante todo el sexenio alrededor de una cuarta parte del costo final de la refinería en Dos Bocas, si es que ésta se termina en 2024.
Por otro lado, el financiamiento público de los partidos tendrá, de acuerdo con la fórmula que marca la Constitución, un importe del orden de 6.2 mil millones de pesos. Esto representa menos de un milésimo del gasto total que ejercerá la Federación el año que entra.
Pero aunque ese monto sea insignificante, ¿debería mejor cancelarse el financiamiento público de los partidos? Pues si se hace esa pregunta tal cual a la población, la mayoría diría que sí, que debe cancelarse; después de todo, a nadie le gusta ganar dinero para que otros lo gasten. Pero si la pregunta fuera matizada recordándole a los ciudadanos que al retirar el financiamiento público otros actores, incluyendo especialmente a los capos del narcotráfico, entrarían más a escena, ¿cuántos seguirían respondiendo a la pregunta con un sí?
La agenda que está atrás de la contrarreforma electoral es más que evidente. El partido Morena, encabezado por su jefe máximo, pretende derruir al INE para instituirse en una fuerza política hegemónica. Lo tratará de hacer simplemente exigiendo que los consejeros del nuevo organismo sean elegidos por voto directo y reduciendo al mínimo la representación proporcional en el Congreso (aun si con ello elimina a las rémoras del PT y el PVEM).
La consecución de un mayor poder político (y por tanto económico) es el único objetivo de la iniciativa enviada al Congreso. No se busca mejorar nuestro sistema electoral introduciendo nuevas reglas, como la de la segunda vuelta, ni se pretende lograr que exista una mayor civilidad en el país. Se trata de doblegar a los opositores de Morena y punto.
