La Suprema Cortede Justicia confirmó, en definitiva, una sentencia que obliga a reducir la inhabilitación de diez años impuesta a Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, para ocupar cargos públicos.
La Primera Sala de la Corte desechó hoy por unanimidad un recurso de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que buscaba impugnar el amparo concedido a Robles en mayo pasado por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
En dicho amparo, el tribunal colegiado determinó que es inconstitucional un artículo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), porque necesariamente se castiga con al menos diez años de inhabilitación cualquier «falta de veracidad» en que incurran los funcionarios, incluso tratándose de errores o imprecisiones menores.
En el caso de Robles, la SFP la inhabilitó en septiembre de 2019 por no informar sobre una cuenta de nómina abierta en 2008 -con saldo de 2 mil 887 pesos- y un crédito bancario, en las declaraciones patrimoniales que presentó en el sexenio pasado, cuando fue titular de Sedesol y de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El tribunal ordenó a la SFP imponer de nuevo la sanción, pero con base en otro artículo de la misma ley, que se refiere expresamente al tema de declaraciones patrimoniales, y en el cual la inhabilitación es de uno a cinco años.
Robles, quien dejó el gobierno hace casi cuatro años, estuvo presa entre julio de 2019 y agosto de 2022, y actualmente enfrenta en libertad su proceso penal por los presuntos desvíos de 5 mil 700 millones de pesos de recursos públicos en la llamada Estafa Maestra.
