Más de 50 organizaciones civiles, activistas e investigadores condenaron los ataques del Presidente López Obrador y del Subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía contra la jueza Karla Macías Lovera por haber concedido un amparo para frenar la entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
«Rechazamos el ataque a la independencia judicial desde el micrófono del Ejecutivo», afirmaron organizaciones como Fundación para la Justicia, Equis Justicia para las Mujeres, México Evalúa, Intersecta, Borde Político y Madres Unidas por Nuestros Hijos.
«De acuerdo con estándares internacionales reconocidos, el Poder Ejecutivo no puede interferir ni manifestarse sobre asuntos que están pendientes de resolución por el Poder Judicial. Hacerlo implica un ataque a la independencia judicial y a nuestros derechos», añadieron.
Las organizaciones, entre quienes también se encuentran el Instituto de Justicia Procesal Penal, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh y Fundar, respaldaron el trabajo de Macías Lovera, del Juzgado Noveno de Distrito de Guanajuato, y de todos los integrantes del poder judicial que hacen cumplir la Constitución.
En su conferencia mañanera, López Obrador y el Subsecretario de Seguridad acusaron a Macías Lovera de actuar fuera de sus facultades por haber otorgado amparos contra la militarización.
«Sin facultades de la juez. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se protege a estos jueces? Porque de tiempo atrás se crearon partidos, grupos al interior del Poder Judicial. Son jueces protegidos por magistrados o por ministros. Entonces, recurren a la excusa de la autonomía del juez y nos pasan estas cosas», afirmó el Presidente.
Las organizaciones condenaron los intentos de López Obrador para incidir en un fallo judicial en proceso y solicitaron al presidente de la Suprema Corte, ArturoZaldívar, y al resto de ministros que ya den respuesta a las controversias interpuestas sobre la militarización del País.
«Su silencio favorece el ataque a sus colegas, así como el avance de la militarización, la cual sigue vulnerando derechos humanos sin que funcionen los contrapesos necesarios en México», expresaron.
En el pronunciamiento, firmado también a título personal por investigadores como Artemisa Cabrera Luque, Carlos Bravo Regidor, Maite Azuela, Catalina Pérez Correa o la jueza oaxaqueña Erika María Rodríguez Rodríguez, pidieron al Consejo de la Judicatura Federal que instaure un sistema de protección para juezas y jueces que reciban ataques o criminalización por realizar su trabajo, y a la ciudadanía, rechazar estos ataques.
«Exigimos a los poderes ejecutivos Federal, y de todos los estados de la República, actuar de conformidad con nuestra Constitución, respetar la división de poderes y no menoscabar la independencia judicial», dijeron.
En un comunicado aparte, el Centro Prodh calificó como ejemplar la trayectoria de la jueza denostada y lamentó que sigan los ataques desde el Gobiernofederal contra jueces.
«Nuestro problema de impunidad son las fiscalías, y eso no ha cambiado», afirmó esa organización
