La iniciativa pretende garantizar el acceso a la educación básica a las personas que se encuentran privadas de su libertad.
También se busca que el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México pueda realizar convenios con instituciones públicas o privadas de educación con el fin de garantizar este derecho.
La propuesta fue llevada al pleno por el panista José Gonzalo Espina, quien enfatizó que la mayoría de la población privada de su libertad carece de oportunidades educativas.
«El estar privado de la libertad de ninguna manera puede ser un impedimento para truncar los sueños profesionales de nadie, inclusive la educación y el trabajo son pilares fundamentales para lograr una verdadera reinserción social», dijo.
De acuerdo a cifras del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, existen en los 13 centros que hay en la ciudad, un total de 25 mil personas privadas de su libertad, donde 7 mil son personas procesadas y 18 mil 600 ya cuentan con una sentencia.
El diputado Espina mencionó que de ese total, el 1.78 por ciento es analfabeta; el 22.61 cuenta con educación primaria; el 47 con secundaria; el 15 con bachillerato; el 1.3 con alguna carrera técnica; el 9.3 con una licenciatura y solamente el .26 por ciento con una maestría o doctorado.
Igualmente se procurará que los internos puedan ver y escuchar los programas de educación que se difunden en los medios masivos de comunicación.
