José Azueta, célebre municipio ubicado al sur Veracruz, de unos 30 mil habitantes y a 215 kilómetros del Puerto, resultó ser un paraíso… para el gaschicol.
Entre enero y agosto del año pasado, los criminales de esa zona, enclavada en el Papaloapan, junto a Oaxaca, comenzaron a detectar el paso de gas LP en el ducto Cactus-Guadalajara y las autoridades encontraron 10 tomas clandestinas para ordeñar ese combustible.
Ahora, en el mismo periodo, pero de 2022, se hallaron 126 puntos de ordeña.
“¡Los tubos están repletos de hoyos!”, aceptó un sargento de Caballería que hace recorridos en esa zona del estado. El Oficial ya perdió la cuenta de los piquetes que vio en un día a lo largo 18 kilómetros de gasoducto.
Apenas en julio pasado, un gasoducto que fue picado en Veracruz por delincuentes provocó una explosión, con saldo de una persona muerta y tres más heridas. El hecho se registró en Chacaltianguis, a unos 180 kilómetros al sur del Puerto, hacia Minatitlán.
Entre enero y agosto del año pasado, ese municipio cerró apenas con dos piquetes en gasoductos. En los primeros ochos meses del 2022, esa cifra ascendió a 43.
De acuerdo con los reportes oficiales de Pemex, en todo Veracruz el gaschicol se elevó en un 1395 por ciento, al pasar de 22 tomas clandestinas halladas en entre enero y agosto de 2021 a 329 en el mismo lapso de este año.
Otro estado que desbordó el hallazgo de tomas clandestinas a gasoductos fue Hidalgo, que reportó un aumento del 591 por ciento, al pasar de sólo 34 a 235 piquetes. El municipio con más casos es Tula, un viejo conocido del huachicol.
El Estado de México también reportó cifras alarmantes para Pemex, con un aumento del 92 por ciento, al pasar de 216 a 416 tomas ilegales, focalizadas en Coyotepec y Tepetlaoxtoc.
Aunque Puebla lidera este fenómeno, las Fuerzas Armadas reportaron una reducción de tomas de gaschicol del 53 por ciento.
Esto derivado de operativos escalonados por parte del Ejército y la Guardia Nacional a lo largo de todo el gasoducto que va de Cactus, Chiapas, a Guadalajara, Jalisco, y que sólo en Puebla atraviesa por al menos 20 municipios, desde Esperanza hasta Tlahuapan.
No obstante, a nivel nacional, este delito reporta un incremento del 10 por ciento, al pasar de mil 505 a mil 656 tomas ilegales entre 2021 y 2022. Tendencia que no ha encontrado un punto de inflexión.
“Las ganancias son exorbitantes, por eso no les importa exponer vidas, además los delincuentes acaparan el mercado, obligan a los gaseros a comprar su producto y dan sobornos autoridades para este esquema.
“Perdemos quienes tenemos un negocio que paga permisos y sueldos, y la gente les compra bajo el yugo de esta gente armada, principalmente taquerías, mercados, negocios de comida”, alertó un empresario del Edomex.
