José Buendía Hegewisch
La defensa del Ejército #Ayotzinapa
El papel del Ejército en Ayotzinapa y las acciones judiciales contra cuatro militares involucrados en la matanza se ha convertido en un test sobre el poder que han alcanzado los militares dentro del sistema político en este sexenio. Así como de las intrincadas tramas que impiden al gobierno civil funcionar correctamente para resolver y dar con todos los responsables de un crimen en el que la verdad desapareció junto con los 43 estudiantes.
En los últimos días, los militares detenidos por el caso Iguala denunciaron ante la FGR al subsecretario Alejandro Encinas, acusándolo de fabricar pruebas, falsedad en declaración y delitos contra la Justicia por el informe de la Comisión de Ayotzinapa que creó el gobierno para esclarecer el crimen y castigar a los autores. Las conclusiones anticipadas de investigación desechaban la “verdad histórica”, que habría servido para ocultar un crimen de Estado en que intervinieron militares junto con otras autoridades y cárteles locales. Encinas y el Presidente reaccionaron a las denuncias como quien recibe un test con respuestas que ubican sus indagatorias por el buen camino. Como coordenadas para detectar fuerzas oscuras interesadas en mantener la impunidad porque –en sus palabras– quienes lo acusan son los que los que perpetraron el crimen junto con otras autoridades y el narco. No obstante que la impaciencia de López Obrador por dar a conocer los resultados –como revelara Encinas– parece servir más para protegerlos que al avance de la investigación.
Para los militares, Encinas no elige las respuestas correctas, porque la prisa por derrumbar el relato del gobierno anterior descarrila la investigación y lo tienen contra las cuerdas. Su informe había supuesto un vuelco al caso y el mayor golpe a la imagen del Ejército, a pesar de ser uno de los principales aliados del proyecto de la 4T. Ahora ellos tampoco dudan al poner al poder civil en el banquillo de los acusados aprovechando errores tácticos y fallas en el proceso. Desde siempre el Ejército ha hecho esfuerzos denodados por desvincularse de Ayotzinapa, como ejemplifican las filtraciones de #Guacamayaleaks de una carta del jefe del Ejército, Luis Cresencio Sandoval, a López Obrador en defensa de uno de los militares presos, el capitán José Martínez Crespo. Ante las detenciones parecen ir más allá y tomar la defensa de todos. En su representación legal figuran José Alfredo Rico Pérez, mayor de Justicia Militar, y Diego de Jesús Jaramillo Isla, subteniente militar, como parte de los asesores extraoficiales de las denuncias, que difícilmente podrían hacerlo sin la autorización o bajo instrucciones.
La Sedena tendría que explicar si la institución ha asumido la defensa legal del general José Rodríguez Pérez, exjefe del 27 Batallón de Iguala, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, el soldado de Infantería Eduardo Mota Esquivel, y el propio Martínez Crespo, como hicieron en el caso Tlatlaya. Y, por qué dirige su estrategia legal contra Encinas si los militares están presos por acusaciones de la FGR contra ellos y el exprocurador Murillo Karam, no por el contenido del informe de la Comisión. Ésta no tiene facultades para vincular a proceso judicial, pero es el escenario de un pulso entre la promesa de Verdad y Justicia para las familias de los estudiantes y las resistencias internas en la propia FGR y externas para superar las irregularidades y confusiones que entierran la verdad. El gobierno dice que no habrá marcha atrás, pero la cuestión es conocer los profundos riesgos que deja todo esto para que la investigación pueda avanzar, dado que los errores en el proceso ahora juegan a favor de cualquier tentativa por invalidarlo. Y eso no lo resuelve un test político para rastrear a los culpables. El momento es crítico para el gobierno por la dificultad de explicar sus yerros con las pruebas de capturas de pantalla que usó para acusar a los principales sospechosos del crimen. Este movimiento ofrece ventajas a los mismos que culpa de obstaculizar la investigación. La posición de Encinas es difícil por tener un equilibrio precario tras el empujón del Presidente para apurar las conclusiones, aunque luego le ha expresado su apoyo. Para seguir necesitará más pruebas y contar con que la FGR tenga mejores evidencias para mantener a los militares presos, antes de que el control de daños del Ejército acabe por enterrar un proceso plagado de irregularidades y confusiones.
