Carlos Ornelas
Con todo y que la plaza pública se pobló de las reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, continúan las reyertas en torno a la política educativa. Si bien los grandes periódicos nacionales y los principales noticiarios de radio y televisión dan seguimiento a las disputas alrededor de la Secretaría de Educación Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y más de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en los estados vibran un sinnúmero de conflictos. Va una pequeña selección.
En Baja California Sur hay paro de maestros desde el 27 de octubre. Quieren la basificación de 2 mil 700 trabajadores y pago de bonos.
En Durango, los maestros de la sección 44 del SNTE hacen huelga cada semana; se les adeudan quincenas y gratificaciones, el gobierno que empezó funciones en 15 de septiembre no tiene fondos; también adeuda más de 300 millones de pesos a la Universidad Juárez del estado de Durango. El gobernador anterior heredó una deuda millonaria.
Hay querellas en las normales rurales de Teteles, en Puebla; el Meche, en Hidalgo, y las de Michoacán. En otras, el atolladero es perenne, en especial en los territorios de la CNTE.
En Guerrero, los militantes de varias corrientes de la CNTE están de paro, hacen marchas en la autopista y toman casetas de peaje porque el grupo que comanda Alfonso Cepeda Salas les ganó la elección de la sección 14.
En Chiapas, una fake news acerca de que los seguidores de un pandillero local harían desmanes, prendió la alarma en San Cristóbal de la Casas. Todas las escuelas, de preescolar a superior, públicas y privadas, cerraron sus puertas el pasado miércoles.
En Veracruz hubo movilizaciones de maestros toda la semana con la exigencia de pago de bonos atrasados.
Con excepción del caso de San Cristóbal, en los demás el problema es de recursos. Los gobiernos estatales no los tienen, sea por insuficiencias, corrupción o desvíos. El asunto es que dependen de los ramos del presupuesto federal para solventar el mantenimiento y marcha de las escuelas, pagar a los trabajadores y buena parte de los gastos de administración.
Cierto, muchos de esos aprietos obedecen a causas locales y se deben, en primerísimo lugar, a la debilidad de las autoridades de los estados. Su capacidad de ejecución es mínima en términos normativos, técnicos, financieros y políticos, para todo dependen del centralismo burocrático. En segundo lugar, no todas las demandas son legítimas, en especial las de basificación de trabajadores interinos.
La raquítica institucionalidad en muchos estados y la beligerancia de la CNTE y otras corrientes sindicales empujan a un mayor deterioro del sistema escolar. En pocas partes —y más por apremios de docentes y académicos interesados— se ocupan de los problemas urgentes y trascendentes de la educación, como los efectos de la pandemia, el abandono y violencia escolar y la pérdida de aprendizajes.
