Carlos M. Urzúa
La libertad de cátedra siempre será defendida por cualquier profesor que se precie de serlo. Pero el poder enseñar en una aula sin cortapisa alguna es tan solo una arista de lo que se entiende, de manera más general, por la libertad académica.
De acuerdo con una recomendación de la UNICEF, emitida hace un cuarto de siglo y aceptada ya por casi todos los países miembros de las Naciones Unidas, en el caso de la enseñanza superior la libertad académica también se manifiesta, entre otros ámbitos, en la independencia que los académicos puedan tener para elegir sus temas de investigación y de difusión, así como en la protección que se les brinde contra toda forma de censura.
Al respecto, vale la pena citar parte del inciso 27 de tal recomendación: “Todo el personal docente de la enseñanza superior debe poder ejercer sus funciones sin sufrir discriminación alguna y sin temor a represión por parte del Estado o de cualquier otra instancia”. Esta cita no está de más, dados los frecuentes exabruptos presidenciales, más que gratuitos, en contra de las universidades mexicanas. Los cuales ya han tenido, por cierto, consecuencias negativas en términos de pesos y centavos para no pocas de ellas.
Sirva lo anterior como preámbulo para comentar acerca de los resultados más recientes del Índice de Libertad Académica, el cual es estimado, de manera laboriosa y encomiable, por varias instituciones europeas encabezadas por la Universidad de Erlangen-Núremberg en Alemania. Este índice no es muy conocido entre nosotros y de no ser por un intercambio de correos con Agustín Caso Raphael, sin duda el mayor experto en evaluación de políticas públicas que tenemos en México, la existencia de ese indicador le hubiera pasado de noche a quien esto escribe.
El estimado más reciente del índice para nuestro país es francamente penoso, dado su nivel de desarrollo económico. En los últimos cálculos, para el año 2021, las instituciones que estiman tal indicador consideraron 177 países y de acuerdo con ellas nosotros vamos decididamente cuesta abajo, en la rodada. El valor del índice de libertad académica en México que era del orden de 0.92 en 2011, hace una década, cayó a 0.89 en 2019 para luego desplomarse a 0.76 en 2021.
Esa estrepitosa caída ocasionó que en el reporte europeo más reciente sobre la libertad académica, titulado Academic Freedom Index: Update 2022, México aparezca ya en media tabla: un poquito arriba de Ghana y un poquito abajo de Túnez.
Pero, quizás se pregunte usted ahora, ¿a qué es debida esa caída tan pronunciada en tan solo dos años? Parecería ser, a primera vista, un error de cálculo. No obstante, todo se clarifica cuando se conocen los cinco indicadores en los que los autores basan la computación de su índice: la libertad en las universidades de cada país para investigar y enseñar; la libertad para hacer intercambio académico y de extensión; la autonomía institucional de las universidades; la seguridad personal que tienen los estudiantes y profesores dentro de los campus universitarios; y la libertad de expresión.
De acuerdo con los cinco indicadores mencionados, ¿en cuántos de ellos cree usted que falla el gobierno federal, así como varios gobiernos estatales, para garantizar la libertad académica? ¿En uno, en dos, en más? Usted dirá.
