Ciudad de México.- El Ejecutivo federal consumó la militarización de la seguridad pública hasta 2028.
Este viernes, tras el aval de 20 Congresos estatales, se publicó el decreto de reforma constitucional que amplía hasta ese año la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Dispone que en un plazo no mayor a 60 días se integrará una comisión bicameral para el “análisis y dictamen” de los informes que el Gobierno federal entregue al Congreso sobre dicha facultad.
El decreto establece que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe ser temporal y “extraordinaria”, de tal manera que se acredite absoluta necesidad.
También tiene que ser regulada, para que cumpla con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y tratados internacionales; y fiscalizada, a fin de que se revise y supervise su funcionamiento.
“Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo () sólo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas”, agrega el decreto.
La Fuerza Armada permanente deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución.
Las acciones que lleve a cabo en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias.
La Guardia Nacional deberá desarrollar estructura, capacidades e “implantación territorial”, con el objetivo de prescindir de las Fuerzas Armadas a partir de 2028.
Comisión Bicameral
El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados del “apoyo” militar.
“Y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, puntualiza el decreto.
Para el análisis y dictamen de los informes, en un plazo no mayor a 60 días, contados a partir de este sábado, se integrará una comisión bicameral que se reunirá cada que la convoque su directiva.
Para la emisión del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa y de Marina.
“El dictamen evaluará () la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores”, indica.
La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación.
Una vez aprobados, se remitirán al Ejecutivo federal para que éste informe de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas.
Los gobernadores remitirán anualmente a sus respectivas legislaturas, y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, una evaluación integral con perspectiva de seis años.
Recursos
A partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus Policías.
Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año”, ordena.
“Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin. El fondo se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa”.
Hasta un 25 por ciento del fondo se asignará a los estados con mejores resultados en materia de seguridad, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional.
En adición a estos recursos federales, los gobernadores establecerán anualmente un fondo de apoyo a las Policías municipales, en especial donde haya menor población o mayor grado de marginación.
