CHILPANCINGO, Gro.- Era el 2 de octubre de 2019; Aurelia García estaba sola en la casa de su tía, en Iguala, donde llevaba tres meses refugiada tras haber huido de su pueblo, Xochicalco, Chilapa. El sangrado vaginal con el que llevaba una semana se intensificó, así como el dolor de vientre. De forma repentina expulsó el producto y se le vino un sangrado profuso, sufrió un parto fortuito.
Cuando regresó su tía, halló a Aurelia tirada en la casa. El piso estaba encharcado de sangre. Estaba inconsciente, en los límites del fallecimiento. Su corazón era incapaz de bombear la sangre necesaria, algunos de sus órganos estaban dejando de funcionar.
Aurelia había sufrido un choque hipovolémico. De inmediato la trasladaron al hospital. Ahí la estabilizaron. Lograron detener la hemorragia. Aurelia se había salvado. También le colocaron un implante anticonceptivo sin su consentimiento.
Al día siguiente, hasta la cama del hospital llegaron agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE). La esposaron a la cama. Quedó detenida acusada por el delito de homicidio en razón de parentesco. La acusaron de haber «asesinado» a su hijo. Dos días después, sin haber recibido el alta médica, fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Iguala; tenía 19 años. Tres meses atrás, Aurelia había salido huyendo de Xochicalco, un pueblo nahua de Chilapa.
«A las mujeres que tienen relaciones fuera del matrimonio las queman vivas», le advirtieron. Se aterrorizó y huyó. Aurelia no tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio. La violó un hombre que ostentaba autoridad en el pueblo. No lo hizo una vez, fueron muchas. De esas violaciones quedó embarazada.
Para evitar ser agredida y sometida al escarnio de los pobladores, huyó. También lo hizo para evitar que su familia sufriera algo similar. En cambio, el hombre que la violó está libre y sin ninguna acusación legal.
Ella llegó a Iguala con una tía, consiguió trabajo y siguió el embarazo sin ningún cuidado médico. Estando ahí —tal vez— creyó que el sufrimiento sería menor. Sin embargo, se equivocó. No sabía lo que le venía. Desde que la detuvieron en la cama del hospital, Aurelia comenzó a sufrir las inclemencias del sistema judicial en Guerrero.
La pobreza es delito
Ximena Ugarte Trangay y Verónica Garzón Bonetti son abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), defienden a Aurelia y explican la serie de irregularidades a las que las autoridades han sometido a la joven.
Primero: fue detenida de manera ilegal. En la acusación, el MP dice que Aurelia fue detenida en flagrancia. Es falso, dicen las abogadas, no hay ningún testigo presencial de los hechos. Además, al detenerla en el hospital no tuvo un intérprete, por ser hablante del náhuatl, que le explicara sus derechos. Al inicio del proceso, no tuvo un representante legal.
Segundo, explican, a Aurelia la obligaron a aceptar un procedimiento abreviado, es decir, que asumiera su culpabilidad. Tampoco le explicaron las consecuencias de aceptarlo. El 8 julio de 2021 fue sentenciada a 13 años de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco. Siete días después, las abogadas del IMDHD presentaron un recurso de apelación. El 17 de enero de 2022, la magistrada Indalecia Pacheco León ordenó la reposición del proceso por las evidentes violaciones al debido proceso. El 20 de julio de este año, la defensa de Aurelia solicitó el cambio de medida cautelar, que se le retirara la prisión preventiva oficiosa, tras llevar casi cuatro años de prisión, cuando el límite para esa medida son dos.
